“La deuda de estados y municipios aumentó al doble de sus ingresos, lo que los puso en riesgo de insolvencia financiera, limitó sus posibilidades de endeudarse para proyectos realmente necesarios y paralizó por la falta de liquidez ante sus proveedores”, resalta una copia de la iniciativa de reforma constitucional para regular la deuda en estados y municipios en poder de 24 HORAS.

 

El proyecto, sustentado con datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue remitido ayer a la Comisión de Puntos Constitucionales luego de ser firmada por representantes de los siete grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.

 

“En estos últimos 12 años la deuda de estados y municipios aumentó en más de 130%; más de 50% de esos recursos fueron erogados en los últimos cuatro años sin que se conozca a detalle su destino, las tasas a las que fueron contraídos cada uno de esos créditos y las razones que justificaron su contratación” se aprecia en el documento.

 

El diputado perredista Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que tanto municipios como estados “han abusado del endeudamiento al realizar diversas obras públicas políticamente rentables, dejando la responsabilidad del finiquito a posteriores administraciones”.

 

Por su parte, la diputada del PVEM, Ruth Zavaleta Salgado, abundó en que serán las legislaturas locales las que autoricen los límites económicos, previo a un análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o establecimiento de la fuente de pago.

 

“Se fiscalizarán los ingresos, egresos y deuda contraída, así como a las garantías que en su caso otorgue el gobierno federal respecto a empréstitos y al manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión”, explicó la legisladora.

 

La iniciativa de reforma refiere que -con excepción de las participaciones federales- se fiscalizarán los recursos federales que administren o ejerzan los estados, municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.

 

“Tanto estados como municipios deberán enviar al Presidente de la República un informe sobre los empréstitos y obligaciones de pago, en un plazo máximo de 60 días naturales y la información será remitida a la Cámara de Diputados”, explicó el vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya.