En unos días, el presidente Enrique Peña Nieto deberá publicar las reformas a la Ley de Víctimas, tras ser aprobado ayer por la Cámara de Diputados, el dictamen que permitirá la creación del Sistema Nacional de Atención de Víctimas.

 

Ese nuevo sistema pretende defender los derechos de los ciudadanos que sufren las consecuencias de la delincuencia, en caso de graves violaciones a derechos humanos o delitos graves cometidos contra un grupo de víctimas.

 

Se establecerán programas integrales emergentes de ayuda, acceso a la justicia y reparación integral, y estará integrado por los titulares de las instituciones de atención a víctimas de la Federación, el Distrito Federal y las entidades federativas. Sin embargo, dentro de la estrategia del gobierno de Peña Nieto, se plantea la posibilidad de desaparecer la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (Províctimas), y canalizar todos los recursos a la Secretaria de Gobernación y Procuraduría General de la República (PGR).

 

Las reformas a la Ley detallan la definición de víctimas, a partir de dos visiones, en el artículo séptimo se considera así a todo aquel que haya sufrido un daño físico-moral, físico o mental en sus bienes jurídicos o derechos ya sea de forma directa o indirecta a en su persona.

 

En el segundo punto se establece la noción de daño, con lo cual queda en consideración de la lesión corporal, moral o material; la pérdida de la vida o de ingresos y los costos que esto tenga para la víctima.

 

Otra de las modificaciones recae en que el cobro de una reparación de daño solo se podrá hacer hasta que exista sentencia firme contra los responsables, es decir, hasta que se agoten todos los recursos legales, por lo que en este momento una víctima podría tardar en cobrar cinco años o más la reparación del daño.

 

Con 448 votos a favor y tres abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Víctimas, además de reformar el artículo 182-R de la Ley de los Procedimientos Penales.

 

Los legisladores enviaron al Ejecutivo, para su publicación, las reformas a la Ley, para que entre en vigor un día después de que sea publicada en el Diario Oficial.