Ayer se venció el plazo a la Procuraduría General de la República (PGR) para definir la situación jurídica del que fuera jefe de sicarios del cartel del Pacífico, Javier Torres Félix alias “El JT”, extraditado la semana pasada desde Estados Unidos.
Hasta el cierre de esta edición, tras insistir este diario en una respuesta de la dependencia, no se informó la determinación jurídica que se adoptó, ya que debía definirse a qué penal sería trasladado y también existía la posibilidad, de acuerdo a fuentes de primer nivel de gobierno, que fuera declarado testigo protegido, como ocurrió en Estados Unidos.
El procurador Jesús Murillo Karam, confirmó el viernes pasado que Torres Félix estaba a disposición oficial del Ministerio Público Federal, y garantizó que sería entregado a las autoridades judiciales que lo reclaman para responder por los delitos que tiene pendientes.
Fuentes de PGR indicaron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tenía hasta el día de ayer para tomar una determinación sobre la situación legal de “El JT” y ponerlo a disposición de un juez, pero no se dieron mayores detalles.
De acuerdo con datos del Poder Judicial federal, “El JT” tiene pendientes al menos dos procesos penales desde el 2004, uno en un Juzgado de Distrito por delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego prohibida y otro en un juzgado local de Sinaloa, por el asesinato de un elemento del Ejército.
Los casos contra Torres Félix, considerado en su momento la mano derecha del capo Ismael “El Mayo” Zambada y uno de los miembros de mayor jerarquía de la organización delictiva, quedaron pendientes luego de que en 2006 se autorizó su extradición a los Estados Unidos, donde permaneció preso casi seis años.
El pasado 8 de abril, según datos del Buró Federal de Prisiones, Torres Félix salió de la prisión de mediana seguridad de Beckley en West Virginia, y fue entregado a los agentes federales. En los siguientes tres días no hubo información, hasta que la PGR informó que ya se los habían entregado.
Pese a que algunas versiones señalaron que recibió beneficios en los Estados Unidos a cambio de proporcionar información sobre el Cartel del Pacífico, Murillo Karam sostuvo que en México sería tratado como cualquier otra persona con pendientes con la justicia, y no se le darían privilegios.