Las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron ayer por mayoría absoluta la reforma constitucional para regular la deuda de los estados y municipios. Tras su aprobación, el senador priista, Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, la turnó a la mesa directiva donde se le dio primera lectura y se espera que el próximo martes pueda ser votada en el Pleno.
Cervantes comentó que (de ser aprobada por el pleno), lo que sigue será establecer una ley secundaria que, entre otras cosas, sancione lo que el texto constitucional enunciará respecto a corregir y erradicar eventuales prácticas de corrupción o de fraude por el mal uso de los recursos públicos por parte de las autoridades estatales y municipales.
Senadores de todos los partidos e integrantes de las comisiones participantes, coincidieron en que el resultado apoyará los esfuerzos de las administraciones locales que usen la deuda pública para financiar su futuro; pero además “sancionarán con el rigor del Estado a aquellos gobiernos que traten de utilizar sus presupuestos con fines personales o de grupo. Eso ya no va a ocurrir”, aclaró Cervantes.
El senador del PRD Armando Ríos Piter destacó que con esta reforma habrá candados para evitar presuntas irregularidades como las ocurridas en Coahuila, además de procesos para apoyar a aquellas entidades que necesiten dinero, no nada más para solventar sus necesidades sociales, sino para encarar sus compromisos con la ciudadanía.
El panista José María Martínez aseguró que a su parecer “el proyecto no contiene suficientes herramientas de transparencia, de control y mecanismos de rendición de cuentas”. Añadió que “es resultado de un estricto apego a la salud de las finanzas públicas bajo criterios puramente técnicos”.
En otro punto trascendente de ayer, el Senado avaló el dictamen que da facultades al Ministerio Público Federal para atraer e investigar los casos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación, esto cuando haya omisión de las autoridades locales o cuando participen servidores públicos a nivel estatal y municipal.