Han pasado 19 años desde que el mexicano Edgar Tamayo Arias, originario del municipio de Miacatlán, Morelos, fue sentenciado muerte Texas, uno de los estados que más ejecuta en Estados Unidos.
El morelense ha pasado dos décadas de su vida en prisión y fue condenado al pabellón de la muerte por uno de los “peores” crímenes, considerados así por el estado: el homicidio de un policía.
La historia de Edgar no difiere de la de otros connacionales condenados por la justicia norteamericana y donde existe presunción de violación de los derechos consulares y la ausencia de la revisión imparcial de su proceso judicial.
Desde su detención, en enero de 1994, el mexicano no accedió a asistencia consular alguna, como lo establece el artículo 36 de la Convención de Viena.
Los hechos
Fue el 31 de enero de 1994 en Houston cuando la vida de Edgar, el mayor de cinco hijos del matrimonio del profesor Héctor Tamayo y María Isabel Arias, dio un giro de 180 grados. Cuando fue denunciado por robo tenía 26 años. Tamayo fue detenido por el inexperto oficial Guy P. Gaddis, quien entonces tenía 24 años.
Edgar fue detenido y tras una revisión fue esposado y subido a la parte trasera de la patrulla. Según el reporte oficial, Édgar -aún inmovilizado por las esposas- tuvo la habilidad para sacar un arma de entre sus ropas, la cual no fue hallada durante la inspección en su detención, y disparó en la cabeza de Gaddis cuando éste conducía, lo que provocó que la unidad chocara y el policía muriera.
“Eso fue un error (…) nuestra pobreza y color de piel nos hacen culpables”, dijo en una entrevista realizada en 2008.
Con 45 años de edad, su posible ejecución implicaría la violación al derecho internacional y una sentencia obligatoria de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), debido a que tras su detención se le negaron sus derechos consulares, denunció Amnistía Internacional.
Ante el hecho, la organización hizo un llamado al gobierno de Texas para cumplir la sentencia de la CIJ y, de esa forma, realizar un oportuna revisión de la condena y sentencia contra Tamayo, en la cual se asegure el pleno respeto a sus derechos, incluidos aquellos que garantiza la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Asimismo, llamó al gobierno texano a conmutar la pena de muerte contra Edgar.
Panorama sombrío
El escenario para Edgar, y para los al menos 58 casos de mexicanos sentenciados a la pena capital en Estados Unidos, no es nada claro, debido a que el actual gobierno mexicano debe emplear una eficiente estrategia jurídica, para permitir que en aquellos casos, donde se registraron irregularidades o violaciones a sus garantías durante su detención y proceso judicial, puedan ser revisadas, dando lugar a una posible conmutación de sus condenas.
Aún y cuando Tamayo Arias forma parte del grupo de 51 connacionales para que los que la Corte Internacional de Justicia ordenó la revisión de su proceso judicial, por determinar que se violaron derechos establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, el pasado 13 de noviembre la Suprema Corte de Estados Unidos se negó a revisar el caso.
“En Texas no hay justicia. Nada más mira a tu alrededor, la mayoría de los presos acá somos gente pobre, negros e hispanos (…) siempre nos van a dar pa’trás los güeros”, expresó Édgar, en una entrevista hecha en 2008 a Notimex.
Llamado urgente
Ante la negativa de EU de revisar el juicio contra Edgar, Amnistía Internacional instó Washington a cumplir su obligación de asegurar que los estados de la Unión Americana acaten plenamente el fallo de la CIJ, para que revisen el proceso a todos los mexicanos cuyos casos se encuentran amparados por dicha sentencia.
Han pasado casi 20 años de peticiones sin éxito y las instancias jurisdiccionales internas, con la salvedad del de la clemencia, se han agotado.
De acuerdo con un informe de AI, Estados Unidos es el único país del continente americano que durante el último año llevó a cabo ejecuciones, siendo Texas el estado donde ocurrieron la mayoría de ellas.
En base a datos del Departamento de Justicia Criminal de Texas, cerca de la tercera parte (31%) de las personas ejecutadas durante 2011 eran de origen hispano y casi dos tercios (65%) de las personas ejecutadas en los últimos 10 años pertenecen a minorías étnicas.
Tan sólo el actual gobernador texano, Rick Perry, ha aprobado más de 250 ejecuciones.
NÚMERO
493
Reos han sido ejecutados en los últimos 20 años en Texas
En el último lustro, dos mexicanos han sido ejecutados por ese estado: José Ernesto Medellín, en mayo de 2008, y Humberto Leal, en julio de 2011.
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