El Senado aprobó en comisiones reformas a la Ley General de Víctimas que buscan perfeccionar el nuevo marco legal recientemente promulgado, y que establece que los gobiernos deberán coordinarse para establecer los mecanismos de ayuda, asistencia, acceso a la justicia y reparación integral a los afectados.
En el marco de la reunión de las comisiones de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y Estudios Legislativos de la Cámara alta se avalaron, en lo general, las modificaciones incluso con el apoyo del PAN, que presentó más de 20 reservas para su discusión en lo particular.
Entre los cambios propuestos por el Partido Acción Nacional (PAN) y que fueron incluidos en el dictamen se destaca un agregado al Artículo 4 de dicha normatividad, la cual señala que “son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos”.
Asimismo, se avaló incluir en el dictamen que las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas de cada entidad tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero local o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos de los órdenes estatal o municipal.
Entre los cambios que incluye la reforma a la ley de víctimas se destaca que corresponde al gobierno federal garantizar, en el ámbito de su competencia, el cabal cumplimiento de la ley y los instrumentos internacionales aplicables.
“Las víctimas podrán acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuando no hubieran recibido respuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes, cuando la atención se hubiera prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado”, destacó la propuesta. La iniciativa original planteaba un plazo de 30 días para que las víctimas de delitos en el ámbito local acudieran a la instancia nacional o federal como es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Las reformas respaldadas por el PRI y PRD sin ningún tipo de reservas, cuentan con el aval de organizaciones sociales y dirigentes como Javier Sicilia y Alejandro Martí, quienes cabildearon ante el Senado los cambios que buscan garantizar su aplicación plenamente en favor de las víctimas.
Además, define el término de víctimas potenciales para establecer con precisión que a las y los defensores de las víctimas se les tiene que otorgar protección en caso de que sus derechos a la vida y a la libertad sean amenazados.
Los cambios avalados proponen también mejorar la aplicación y viabilidad operativa de esta nueva ley, que en su momento fue vetada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En la reforma se incluye conceptualizar lo que son “víctimas indirectas” que quedaron definidas como los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima que tengan relación inmediata con ella, y “víctimas potenciales” las personas físicas cuya integridad o derechos peligren por asistir a la víctima.
También se estable el concepto de “hecho victimizante”, en donde se indica que son los actos u omisiones que dañen, menoscaben o pongan en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima.
Estos pueden ser tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política mexicana y en los tratados internacionales.
El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Gil Zuarth, pidió a todas las bancadas escuchar las propuestas de su bancada y “no creer que existe una tendencia de boicotear esta importante reforma a la Ley General de Víctimas”.