BUDAPEST. La polémica “revolución conservadora” del controvertido primer ministro magiar, Viktor Orbán, continúa en Hungría con la adopción de una serie de enmiendas a la Constitución, que han sido criticadas en el interior y exterior del país por limitar la democracia en el país centroeuropeo.

 

La mayoría de estos cambios afectan las disposiciones que el Tribunal Constitucional anuló en los últimos meses y ahora el gobernante partido nacionalista conservador Fidesz las ha incluido en la Carta Magna, para que la Corte no pueda analizar su contenido.

 

Con una mayoría superior a los dos tercios en el Parlamento, el Fidesz contó con el apoyo más que necesario como para cambiar en solitario cualquier ley, una práctica que lleva haciendo desde que llegó al poder en 2010.

 

Un total de 265 diputados votaron a favor de la reforma, 11 la rechazaron y 33 se abstuvieron, mientras que los restantes 76 no acudieron a la votación.

 

De esta manera, queda fijado en la Constitución que, bajo ciertas circunstancias, personas sin techo pueden ser penalizadas por vivir en la calle o que se prohíbe la propaganda política en los medios de comunicación privados durante las campañas electorales.

 

La más criticada de estas reformas limita las competencias del Tribunal Constitucional, que a partir de ahora ya no podría examinar el contenido de las enmiendas a la Constitución.

 

Esto significa el fin de la división de los poderes, aseguró en un artículo publicado László Sólyom, ex presidente del país, quien agregó que el Gobierno se “atribuye a sí mismo el derecho de decidir sobre la constitucionalidad”.

 

En esta situación, la única solución, asegura Sólyom, es un veto del presidente actual.

 

Esto es lo que muchos opositores y críticos de Orbán piden al jefe de Estado, János Áder, quien ahora tendrá cinco días para decidir si veta las enmiendas, las firma o si pide una revisión de las mismas por el Tribunal Constitucional.

 

Mientras, organizaciones civiles como el Comité Helsinki por los Derechos Humanos, la Unión para las Libertades Fundamentales y el Instituto “Eötvös Károly” pidieron conjuntamente que el Consejo de Europa, del que Hungría es miembro, analice las enmiendas.

 

Ante la marea de críticas, el ministro de Exteriores húngaro, János Martonyi, anunció en Bruselas que Hungría pedirá a la Comisión de Venecia, un órgano del Consejo de Europa, que analice las enmiendas aprobadas. EFE