En Chiapas, entre 25 mil y 30 mil personas se han desplazado en los últimos 19 años tras la rebelión encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la llegada de las fuerzas federales a la zona.
Un estudio realizado por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) y el Instituto Mora, calcula que hasta marzo de 2011 había en Chiapas 25 mil 671 desplazados (cifra que al momento se estima puede llegar a 30 mil); esto equivale a unas cinco mil 320 familias que fueron apartadas de su lugar de origen o residencia por motivos de violencia.
Según estimaciones de estas organizaciones, con base en cifras oficiales, esta cifra representa 70% del total de desplazados chiapanecos.
El estudio denuncia que a 19 años del levantamiento zapatista no existe una autoridad en el estado que pueda dar cuenta con certeza sobre quiénes son los desplazados por el movimiento armado, cuántos son, dónde están y en qué condiciones viven.
Con el paso de los años, los desplazados por dicho conflicto se han convertido en sujetos inasibles, difíciles de observar y caracterizar, refiere el documento.
De igual modo, está el problema de inconsistencias en la información oficial sobre la población desplazada, ya que se ha hablado de cinco mil hasta 37 mil, sin embargo, muchos de estos podrías ser familias que buscan ayuda y se dicen desplazados sin serlo.
Entre 2006 y 2009 el gobierno del estado destinó 55 millones de pesos a la atención de la población en condiciones de desplazamiento, en 2009 se destinaron 44 millones de pesos y en 2011, 35 millones, sin obtener los resultados esperados, debido a este tipo de situaciones las cuales se propiciaron por no contar con un padrón confiable sobre el número de desplazados, principalmente.
Lo anterior ha dificultado que se defina con certeza el universo actual de los desplazados por el conflicto armado.
El desplazamiento forzado es “una violación simultánea de todos los derechos”, ya que vulnera, a través de la fuerza física o sicológica, derechos civiles como la seguridad y la libertad de residencia, denuncia el reporte