La minuta que busca acotar el fuero constitucional incluye la posibilidad de que los diputados y senadores no sean ser juzgados por sus expresiones políticas, y que en caso de cometer un delito federal como secuestro u homicidio, sean sometidos a un proceso penal sin que ello signifique renuncia a su cargo, además de eliminar el juicio del desafuero.
De tal forma que las reformas a los artículos 61, 111 y 112 constitucionales contemplan que los servidores públicos que gozan de inmunidad constitucional podrán seguir desempeñando su cargo a pesar de que se les inicie la averiguación previa y se les siga un proceso penal: “No perderán su libertad ni su empleo”.
La minuta en estudio precisa que el agente del Ministerio Público podrá ejercitar acción penal contra los funcionarios, mientras que la función del juez tampoco “se suspende”.
La reforma propuesta procura regular el proceso penal, es decir, que a fin de evitar un grave o irreparable daño se encuentra acotado que el juez de la causa no determinará “ni privación, ni restricción o limitación de la libertad”, como respeto a su garantía de presunción de inocencia.
Así también, el proyecto considera la garantía de audiencia como una nueva figura que debe respetar el legislador previamente a retirar la inmunidad del servidor público como medio de defensa y como garantía constitucional del sentenciado. Además, se considera que la Cámara de Diputados debe resolver en un término de 10 días hábiles si procede o no el retiro de la inmunidad al servidor público.
En relación con el juicio de procedencia, el proyecto precisa que en el caso de que una resolución emitida por alguna de las cámaras no suspenda la inmunidad, no contribuye a la prescripción del ejercicio de la acción penal.