En el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, ya están cansados. Todos los días, grupos armados talan árboles y roban ganado y minerales. Planean crear su policía comunitaria, como ha ocurrido en varias comunidades del país.

 

Han esperado por años lo que siempre les prometen las autoridades pero que nunca les cumplen: seguridad. Por eso, los pobladores ahora también exigen ayuda al Ejército para enfrentar a los criminales.

 

La historia de las policías comunitarias en el país se remite a noviembre de 1995. En Guerrero, el Sistema de Seguridad y Justica Comunitaria opera en 12 municipios de la zona de la Montaña y la Costa Chica. Su origen obedeció a un intento por frenar los asaltos y ante la pasividad de las autoridades, que no atendían las denuncias de los pobladores.

 

La formación de ese esquema ocurre luego de que en esa región, entre 1992 y 1995, sus regiones sufren asaltos y saqueos casi a diario, las mujeres y niñas eran violadas y se cometían decenas de asesinatos.

 

De acuerdo con los antecedentes, 77 comunidades de los municipios de San Luis Acatlán, Marquelia, Malinaltepec, Iliatenco, Metlatonoc, Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa El Grande, Copanatoyac, Xalpatlahuac, Tlapa de Comonfort, Xochistlahuaca y Acatepec cuentan con policías comunitarias.

 

En estos lugares operan 700 policías comunitarios, mismos que prestan servicios de forma gratuita a 300 mil habitantes.

 

Cabecera sitiada

 

Desde ayer, la cabecera municipal está bajo custodia de un vehículo artillado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de elementos de la policía estatal. Algunas personas han recorrido hasta tres horas de camino para solicitar a las autoridades federales protección para los poblados aledaños a la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, considerada como una de  las áreas naturales protegidas más importantes del occidente de México y la cual fue tomada por grupos armados.

 

El señor Gustavo Rojas hizo un recorrido de dos horas de camino desde su comunidad, Ayotitlán. Y al percatarse del vehículo militar reclama: “por eso hay mucha vigilancia ahora, pero si usted viene otro día, verá que no hay nada. Estamos solos, nadie nos protege cuando nos encontramos retenes de gente mala, con armas muy poderosas”.

 

Se devoran la biosfera

 

Entre los habitantes que han llegado de diferentes poblados se encuentra María de Jesús Prudencio Elías, madre de Celedonio Monroy Prudencio, secuestrado por un comando de sujetos vestidos con ropa militar y pasamontañas. La noche del 23 de octubre de 2012 fue sacado de su casa, en la comunidad Loma Colorada, con el argumento de que iban a revisar si almacenaba armas.

 

“Hemos denunciado ante todas las autoridades, pero nadie nos sabe decir dónde está mi hijo. Lo levantaron por defender el bosque y por ayudar a la gente. Yo sólo quiero que me lo entreguen, quiero que las autoridades lo busquen, pero no hacen nada desde hace más de cuatro meses”, agrega la señora, apoyada en unas muletas y viendo hacia la gente que la observa.

 

“Yo puedo señalar, en este momento, quiénes son los que están talando el monte, pero han amenazado que también van a levantar a mi hermano y no quiero que eso pase”.

 

El giro de las bandas de la delincuencia organizada encuentra en la Biósfera de Manantán su principal fuente de abastecimiento financiero, porque la zona es muy rica en maderas, minas de hierro y ganado. “Como deja mucho dinero nadie quiere hacer nada”, concluye.

 

En 2009, Celedonio  Monroy fue designado director de Asuntos Indígenas del ayuntamiento de Cuautitlán,  desde donde impulsó la defensa de la Biósfera de Manantlán, así como la creación de una Ley Estatal Indígena. Su secuestro aconteció 24 días después de que concluyó su gestión.

 

“Queremos que nos protejan de la gente que tala los montes”, agrega su madre.  “Hay personas armadas en los cruces, allí se refugian, todo el tiempo van armados en camionetas, hasta la gente que vive allí dice ‘mira, allá va gente mala’ y actúan con la complicidad de las autoridades”.

 

Extraen zonas mineras 

 

Dos habitantes, que no quieren dar sus nombres por temor a represalias, denuncian que camionetas llenas con civiles armados llegan a la montaña a talar las zonas protegidas por la ONU, con supuestos permisos de las autoridades. O también llegan a las minas para llevarse el hierro. “No podemos hacer nada, no tenemos las armas que ellos tienen ni la protección de los policías”, agrega uno de ellos.

 

“Nos han amenazado que si denunciamos la vamos a pagar muy caro; los individuos viajan en camionetas sin placas y van muy armados. Tenemos miedo de que nos pase algo, por eso pedimos la presencia del Ejército, ya no sabemos qué hacer”.

 

No estamos rebasados

 

 

“Hasta el momento no tenemos informes sobre qué organizaciones criminales se encuentren operando en la zona. En los límites con Michoacán están Los Templarios, en Zacatecas Los Zetas y el Cártel del Golfo y en Nayarit hay gente de los Beltrán Leyva”, describe Francisco Alejandro Salcedo, director de la Policía Estatal.

 

Afirma que la opción no es armar a otros grupos, ya que las figuras para esto ya existen. Lo que se debe hacer es fortalecer a la policía municipal, para que tengan la capacidad de resolver la problemática que hay en la sierra con personas acusadas de tala.

 

“Por ley, los únicos que pueden autorizar armar a un grupo es la Sedena y para que se arme a una policía comunitaria, y para eso se tiene que ajustar la ley, se debe revisar a quién se le puede dotar de un arma, como un AK-47, para no enviarlo al matadero”, opina.

 

Cuautitlán de García Barragán es el tercer municipio más grande de Jalisco. Tiene una población de 17 mil 500 habitantes y mide mil 178 kilómetros cuadrados. En esta área, 50 policías municipales patrullan las 140 comunidades, de las cuales 80 son indígenas.