La primera audiencia en el Congreso estadunidense sobre reforma migratoria evidenció hoy la resistencia entre los republicanos para apoyar una iniciativa que incluya la legalización de 11 millones de indocumentados en el país.

 

Aunque el consenso durante una audiencia ante el comité judicial de la Cámara de Representantes fue casi generalizado sobre la necesidad de la reforma, la división fue evidente sobre el destino final de estos inmigrantes.

 

Por su parte, Cecilia Muñoz, directora de Políticas Nacionales de la Casa Blanca dijo durante una conferencia telefónica que Barack Obama tiene “un sentido de urgencia” sobre la reforma migratoria, y agregó que el mandatario “se reserva el derecho” de presentar una propuesta propia si el proceso “se estanca” en el Senado.

 

“Todos estamos de acuerdo que nuestro sistema de migración requiere una reparación urgente y que no está funcionando de manera eficiente como debería”, dijo el republicano por Virginia, Bob Goodlate, presidente del panel.

 

El legislador indicó que si bien existe el reconocimiento sobre la necesidad de resolver la situación de los 11 millones de indocumentados que están en el país, “existen muchas preguntas sobre cómo debería operar el sistema”.

 

Recordó que dadas las pasadas experiencias en este frente, los estadunidenses “tienen muchas preguntas sobre por qué nuestras leyes de migración no siempre han sido aplicadas de manera efectiva”.

 

Agregó que también hay “muchas preguntas sobre cómo un programa de legalización de gran escala funcionaría, cuánto costaría y cómo prevendría la migración ilegal en el futuro”.

 

“El tema es muy complejo y muy importante”, añadió, y advirtió: “no podemos apresurar juicios”.

 

El republicano Trey Gowdy, presidente del subcomité de Migración de la cámara, hizo eco de estas palabras al considerar que existe escepticismo de que una nueva reforma sea la solución al problema.

 

“La gente espera ver si esta vez vamos a ser serios en el control de la frontera, en atacar el contrabando de personas, en confrontar a las empresas que contratan a indocumentados. Vamos a ver qué pasa”, dijo.

 

Para algunos promotores de la regularización, como el alcalde de San Antonio, Julián Castro, este camino es parte esencial de cualquier solución y su exclusión dejará vivo el problema.

 

“Creo que la senda de ciudadanía es la opción que debe tomar el Congreso y no creo que sea una opción extrema. Lo extremo sería abrir las fronteras”, dijo Castro, uno de los testigos llamados por el comité.

 

Empero, para otros, como el legislador republicano por Alabama, Jeff Sessions, la complejidad que presenta el problema requiere de una solución a plazos y no integral, como insisten los demócratas.

 

“Yo esperaría que pudiéramos hacer frente en dos diferentes rutas porque podemos aprobar algo y resolver el problema y dejar a gente sin empleo”, dijo al aludir los potenciales efectos de una regularización.

 

Empero el demócrata por Michigan, John Conyers, dijo que éste resulta “un reto tan enorme que no creo que los podemos confrontar con una política de pedazos”.

 

De manera similar, la demócrata Zoe Lofgren dijo que una reforma a pedazos constituye “una ruta peligrosa” que distaría de hacer frente de una buena vez a un problema que no desaparecerá de manera fácil.

 

“El país ya ha superado la etapa en que debemos discutir si es necesaria una reforma migratoria amplia. La necesitamos, punto”, dijo.

 

Las divisiones evidenciaron las dificultades que enfrentará este debate en la cámara baja, a diferencia del Senado, donde existe ya una plataforma de principios para una reforma forjada por un grupo de senadores demócratas y republicanos.