Las resoluciones del Poder Judicial han favorecido que las empresas que operan casinos no sólo logren mantener aquellos que ya operaban, sino ampliaciones en el número de establecimientos de este tipo, acusó la ex diputada federal del PRD, Lizbeth García Coronado.
La ex legisladora, quien fue la presidenta en la 61 legislatura federal del grupo de trabajo que analizó el asunto de los casinos, tras lo ocurrido con el incendio en el Casino Royale, interpuso una denuncia el 2 de mayo de 2011, en contra de los ex secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora y Fernando Gómez Mont, a quienes acusó de haber otorgado ampliaciones de permisos a favor de al menos tres empresas operadoras de casinos y centros de apuesta.
La ex diputada planteó que debía revisarse la actuación del Poder Judicial, que con sus resoluciones ha permitido ampliar la operación de este tipo de negocios de juegos.
Ejemplificó con el caso del permiso otorgado al término del sexenio del panista, Vicente Fox Quezada, para favorecer a la empresa Chihuahua S.A. de C.V., el cual presume es apócrifo y, sin embargo, esa operadora ha aperturado en los últimos meses casinos en diferentes estados del país.
Dijo que la citada empresa permisionaria de este tipo de negocios tiene un permiso que la avala para operar hasta 60 casinos, sin embargo, éste no aparece en los registros de la Secretaría de Gobernación.
“Nosotros acudimos con la licenciada Araceli Barroso, que era titular de Juegos y Sorteos, para denunciar que presumíamos que este permiso es apócrifo. Su respuesta fue que no lo tenían en sus registros, pero que no podían hacer nada para cancelarlo”, manifestó en entrevista.
Refirió que antes de hablar con Barroso, ya habían hablado con su antecesora en el cargo, Guadalupe López Mares, quien les respondió que no contaban con suficientes inspectores para poder vigilar qué empresas operaban con permisos falsos, o si eran legales las ampliaciones de algunos de los operadores.
García Coronado dijo que la denuncia interpuesta ante la PGR por las irregularidades en el otorgamiento de permisos y ampliaciones para operar casinos no prospero, y que el ministerio público encargado le cerró la posibilidad de darle seguimiento a la misma, pese a ser la parte denunciante.
Citó también el caso de la empresa Atracciones y Moteles Vallarta, la cual documentaron que también opera sin permisos legales y el de Exciting Games, que opera con un permiso de Entretenimiento de México, propiedad de Arturo Rojas Cardona, hermano del llamado Zar de los Casinos, Juan José Rojas.
Cabe anotar que en el caso de Entretenimiento de México aparece como uno de los accionistas, Tomás Fernando Ruiz Ramírez, padre del ex funcionario federal de Hacienda, Tomás Ruiz.
Según la investigación realizada por el grupo de trabajo de la anterior legislatura federal de la Cámara de Diputados, el ahora ex subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez favoreció al funcionario priista, quien también fue parte de la administración del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera.
Una ley de 60 años
La Ley que regula a nivel federal los juegos y sorteos data del sexenio de Miguel Alemán Valdez (1947), en la misma se establecen con relación a los permisos, en su artículo 4 que no puede establecerse ningún lugar abierto o cerrado donde se realicen apuestas, sino cuenta con el permiso correspondiente por parte de la Secretaría de Gobernación. Y en el artículo 8 señala que de no existir los permisos, debe de clausurarse el local.
Mientras que en el artículo 5, se señala que el pago por los permisos se destinará al mejoramiento de los establecimientos de Prevención Social y de Asistencia, tanto de esa dependencia como de la Secretaría de Salud.
Las sanciones impuestas por esta ley se encuentran dentro del rango de delitos menores, porque no rebasan tres años de cárcel y las multas ascienden a un máximo de 10 mil pesos.