Estados, municipios, sindicatos, partidos políticos, el Congreso mismo y hasta el Poder Judicial: reciben ingentes recursos continuamente… a los cuales no se les puede seguir la pista. Año tras año, en el Presupuesto de Egresos se designan los montos que se utilizarán en cada rubro, sin embargo, en algunos de ellos las leyes de transparencia no son suficientes para que los ciudadanos se enteren en qué se gastó el dinero.
El agujero negro más grande lo constituyen los estados y, en particular, los municipios. Éstos reciben recursos a través del ramo 28 y del ramo 33, consignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El primero (participaciones, que se componen de recursos provenientes tanto de sus impuestos como de la federación) es considerado totalmente “recurso de las entidades”, por lo que no es fiscalizable por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo encargado para este efecto, dependiente de la Cámara de Diputados.
En lo que toca al ramo33 (aportaciones), éstas se empaquetan en ocho fondos que pagan servicios públicos en los estados. Éstos sí son fiscalizados por la ASF.
No fiscalizable
Entre 1989 y 2007, el porcentaje de recursos que los municipios manejaron creció, por lo que para esa fecha, los municipios manejaban 57% del presupuesto público, según un estudio del CIDE de 2010. Las transferencias federales significan tres cuartas partes de los ingresos municipales.
Según el Instituto Mexicano de la Competitividad, AC, (IMCO), mientras el gasto federal ha crecido 55%, el de los municipios y estados lo ha hecho en 147 y 150%.
“Más de la mitad del presupuesto se va al gasto de los estados y municipios y la mayor parte de los estados no tienen reglas de transparencia acordes con las reglas federales; y los municipios, muchos ni siquiera tienen una página de internet ni un espacio donde subir su información; entonces, buena parte del dinero se pierde en ese sentido”, explica Gustavo López Montiel, investigador del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Para fines prácticos, esto quiere decir que una gran parte del gasto del Presupuesto que se dedica a los estados y municipios no es fiscalizable.
En el ramo 23 recientemente han sido incorporadas las “Provisiones salariales y económicas”, las cuales consisten en fondos regionales destinados para aumentar los fondos en los estados como fruto de negociaciones, sin embargo, la ASF no ha logrado fiscalizarlos completamente.
Laxos y opacos
El Congreso es otro hoyo negro. López Montiel explica que las reglas de transparencia del Poder Legislativo son muy “laxas”, porque el Congreso es juez y parte. La misma Auditoría Superior de la Federación —encargada de auditor los recursos federales, entre los que se encuentran también los gastados por el Poder Legislativo— depende de la Cámara de Diputados y, en la práctica, son los mismos legisladores los que se encargan de asignarse sus sueldos, compensaciones, bonos y demás emolumentos.
Al revisar la rendición de cuentas del Poder Legislativo a través de solicitudes de información, tanto a congresos locales como al Federal, Fundar y México Infórmate concluyeron que existe opacidad, no sólo en el uso de recursos sino incluso en la documentación de éstos sobre sus responsabilidades constitucionales, tales como aprobar y modificar leyes.
Las leyes no cooperan para transparentar recursos y tampoco los legisladores. El Senado, por ejemplo, ha puesto más candados para evitar la transparencia. En septiembre pasado, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estableció que esta Cámara queda fuera de la obligación de publicar convenios de colaboración celebrados con otros entes, como instituciones públicas, académicas, culturales, para dar servicios de asesoría o consultoría.
Y no sólo se quedó ahí, también dejó fuera el proceso de licitación alimentación, viajes y otros servicios que puedan otorgar a los senadores, como contratación de telefonía celular y boletos de avión.
Reglas exiguas
Para febrero de 2012, la ASF determinó que 2 mil 95 millones de pesos ejercidos en 2010 por las siete fracciones parlamentarias del Congreso (diputados y senadores) eran “inauditables”; es decir, no se pudo saber a qué se destinó el dinero. No se sabe en qué gastan los coordinadores parlamentarios.
Este año, el presupuesto de Egresos de la Federación considera 11 mil 948 millones 11 pesos, de los cuales, tres mil 756 millones 977 pesos se asignaron al Senado, mientras que a la Cámara de Diputados se le asignó poco más de seis mil y medio millones. Los restantes 1.6 mil millones corresponden a la ASF.
En lo que respecta a los partidos políticos en sí mismos, de acuerdo a lo designado por el IFE, en 2012 —año en el que se eligieron además de la Presidencia, 128 senadores y 500 diputados federales— les tocaron cinco mil 292 millones de pesos.
Tanto López como Leticia Armenta, directora del Centro de Análisis Económico, coinciden en que las reglas para su fiscalización son “exiguas” y hoy no es posible entender cómo y en qué se gastan esos recursos.
“Cuando hablamos de las campañas, pareciera que hay muchas condiciones para transparentar, pero la vida de los partidos tiene una dinámica constante en donde se están ejerciendo recursos públicos, y constituye una carga muy fuerte de gasto federal”, asegura Armenta.
En diciembre de 2012, la Auditoría Superior de la Federación recomendó una adición constitucional para que el Congreso legisle en el sentido de propiciar mayor eficacia en la fiscalización de recursos y, en este sentido, propuso fijar sanciones a la opacidad de las dependencias públicas para mejorar el uso de recursos.
El Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2011, presentado por Fundar, demuestra que nuestro país se encuentra reprobado desde principios de la década, y va en decremento, en 2011 el resultado fue de apenas 45%. Concluye que la rendición de cuentas y la responsabilidad púbica están ausentes y que la transparencia no se ha podido expresar en controles eficaces a los excesos y complacencias del Estado y su burocracia.
López Montiel asegura que no sólo el Legislativo es opaco sino también el Judicial, ya que en éste tampoco existen reglas claras de transparencia ni en su ejercicio de recursos ni mucho menos en la forma de elección de jueces y magistrados.
Los sindicatos funcionan por el mismo principio. No en su totalidad, pero de una parte de los recursos públicos que se les destinan, no se puede saber en qué se gasta. El dinero que ejercen los sindicatos, teóricamente es privado, ya que proviene de las cuotas de sus agremiados. Sin embargo, hay otra parte de dinero que proviene del apoyo que las dependencias federales aportan a estas organizaciones gremiales, y de este dinero, no se puede saber el destino.
Por su parte, la investigadora asegura que nuestra legislación carece de los elementos para transparentar estos recursos que provienen del Ejecutivo y terminan en las organizaciones gremiales: “Tenemos un gran trecho qué avanzar en transparencia”.