Al comparecer ante la comisión especial de Investigación de Revisión del Funcionamiento de la Condusef en la Cámara de Diputados, su titular, Mario Di Costanzo, señaló que el organismo que encabeza no está facultado para vigilar operaciones bancarias relacionadas con tarjetas prepagadas, ni su origen y destino.
Señaló que el actuar de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) consiste en transparentar la relación entre usuarios e instituciones financieras.
Di Costanzo Armenta anotó que la institución no “puede entrar a un banco y revisar lo que quiera, ya que sus atribuciones son entrar a la institución financiera de la mano de la bancaria y revisar un cuarto”; además de que el secreto bancario los limita, “ni tiene que ver con el actuar de la Condusef”, ya que la relación que revisan es entre usuarios y bancos, el aspecto de transparencia y protección a los derechos del usuario.
Sobre el posible uso indebido de tarjetas prepagadas en la elección presidencial del 1 de julio de 2012, acotó que la Condusef “no puede saber en qué se gasta ese monto”, de ahí que sea necesario “reforzar” las atribuciones de la Comisión, dado que son más de cuatro mil 915 instituciones financieras las que supervisa.
Por lo anterior, los integrantes de la comisión especial que revisa el caso Monex afirmaron que presentarán una queja ante la Condusef, debido a que su titular no proporcionó la información solicitada y se negó a contestar las inquietudes de los legisladores, alegando que no son competencia de la instancia gubernamental, anunció su presidente, el diputado perredista Roberto López.
Ante ello, durante su posicionamiento el legislador priista Fernando Charleston indicó que hasta ahora las instituciones encargadas de calificar la elección presidencial ya se han pronunciado y han dictado que las quejas han sido infundidas; “no existe indicio alguno de que hubieron recursos de procedencia ilícita ni triangulaciones como las que se refieren”.
Mientras que el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) consideró que existen pruebas contundentes, mediante facturas emitidas por Grupo Monex, de que diversas empresas relacionadas con el PRI adquirieron los plásticos con sumas millonarias.