El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 432 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones, reformas a la Constitución para incluir el término “competitividad” entre los principios de la Carta Magna que rigen la rectoría del Estado en el desarrollo económico del país.
De esta manera, se vincula a la implementación de una política de desarrollo industrial remitida a los Congresos locales para su votación y promulgación, como lo marca el procedimiento constitucional tratándose de una reforma de esta naturaleza.
La iniciativa fue aprobada el 13 de diciembre de 2011 por el Senado de la República, enviada a la Cámara de Diputados, procesada por la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro y avalada este jueves en el Pleno.
Lo que se aprobó fue la reforma a los párrafos primero y último del Artículo 25, así como primero y tercero del Apartado A del Artículo 26 de la Constitución Política.
En el documento se señala que uno de los más grandes desafíos que enfrenta el país es recuperar un crecimiento económico suficiente para generar los empleos necesarios.
Entre los requisitos para lograr ese objetivo se encuentra la competitividad y por eso propone incluirla entre los principios constitucionales que rigen la rectoría del Estado del desarrollo económico de la nación y que están establecidos en el Artículo 25 de la Carta Magna.
Con la inclusión de este principio en la Constitución se afirma que el gobierno federal está obligado a conformar una política pública que atienda los rubros que conforman las condiciones de competitividad.
Entre estos rubros figuran los sistemas tributario, educativo, de ciencia, innovación y tecnología, logística y comunicaciones, asimismo costo de la energía, regulación de la competencia económica, condiciones del mercado laboral, fortalecimiento de los procesos de mejora regulatoria y consolidación del Estado de Derecho, entre otros.
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