Previo a la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida, organizaciones civiles en México y el Senado cuestionaron la eficiencia en el uso de los recursos para prevención, orientación y atención de los enfermos.
La senadora Mónica Arriola Gordillo presentó el miércoles pasado un punto de acuerdo en el que resaltó que Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida (Censida) tiene un subejercicio de 47% de los 123 millones de pesos asignados este año.
De acuerdo con un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el ejercicio del gasto al segundo trimestre de 2012 sólo había llegado a menos de la mitad del presupuesto total.
Además, hasta ese momento se observó un recorte de 21 millones de pesos a los recursos programados para prevenir y atender los casos de la enfermedad.
Al respecto, José Antonio Izazola, director de Censida, respondió que el dinero ya estaba comprometido, pero registraron el incumplimiento de un contrato para la compra de antirretrovirales que entorpeció el ejercicio de este año.
Sin embargo, aseguró que el resto de los programas de Censida han avanzado para la optimización de recursos, el establecimiento de los lineamientos para la receta de los medicamentos y la ampliación de las pruebas de diagnóstico.
ONG PIDEN NUEVA POLÍTICA PÚBLICA
en materia de VIH, México necesita construir una nueva política pública que garantice la reducción de muertes a través del acceso universal a los servicios médicos y la utilización adecuada de los recursos, dijo Luis Adrián Quiroz, presidente de la asociación civil Derechohabientes Viviendo con VIH/Sida del IMSS.
Además, acusó al presidente Felipe Calderón, la Secretaría de Salud y al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida) de simular acciones para atender esta enfermedad, cuando quedaron retos importantes por atender para cumplir metas internacionales.
El más importante es reducir la cifra de muertes. El último reporte del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida) señala que los fallecimientos en nuestro país se redujeron 27% de 2005 a 2011. No obstante, la tasa de mortalidad se mantuvo entre 4.5 y 4.4 por cada 100 mil enfermos entre 2003 y 2010, a pesar de que los presupuestos se duplicaron en ese periodo.
Al respecto, Quiroz señaló que los decesos aumentan entre la población que no tiene seguridad social, pues si los ataca una enfermedad oportunista, el paciente debe desembolsar dinero de su bolsillo para consultas, medicamentos y hospitalización.
José Antonio Izazola, titular de Censida, señaló que cuando los pacientes no tienen una cobertura de salud completa, las entidades federativas deben garantizar los servicios médicos adicionales a los tratamientos para el VIH.
Sin embargo, para Quiroz también quedan retos en abasto de medicamentos, que tardan hasta tres días en llegar a las farmacias de las clínicas; así como una falta de diagnóstico certero y falta de presupuesto para programas de prevención.
RETOS CON LOS PACIENTES
Las organizaciones civiles reconocieron que ha habido retos y avances a nivel nacional, pero con los pacientes todavía hay temas pendientes, como la estigmatización y discriminación de los pacientes, por lo que no van a los centros de salud.
César Coria, integrante del Colectivo Sol, afirmó que esta situación aleja a las personas que viven con VIH de las clínicas, disminuyendo la adherencia al tratamiento.
“Debemos sensibilizar a los prestadores de servicios para que la gente acuda a las pruebas y a las consultas, de otra manera, la gente no quiere saber nada de la enfermedad ni hacerse la prueba. Esto es una muestra de que todavía falta mucho por hacer”, dijo el activista.
Legislación discriminatoria
A pesar de que México modificó la Constitución para garantizar los derechos humanos, todavía existen legislaciones en todo el país con contenido discriminatorio para las personas que viven con VIH, y la población en general.
En 28 estados de la República se establece el delito de “peligro de contagio”, que establece una sanción si la persona sabe que padece una enfermedad venérea pone en riesgo la salud de los otros. Además, 17 entidades expresamente se penalizan la transmisión vía sexual.
“El Estado supone que con la criminalización no habrá contagios. Cree también que con lo penal se podrá resolver el problema de justicia social que hay en el país y da una falsa idea de que si no te proteges, el Estado va a sancionar a la persona que te contagió”, explicó Pablo Navarrete, especialista en derechos humanos y director jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres.
Sin embargo, ninguno de los estados que aplican estas sanciones -con excepción de San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas- proporcionó datos estadísticos sobre el tema. Hay hoyos negros en los municipios y los estados. Si se supieran podríamos pedir que se desparezca por discriminación”, dijo el abogado.
Además de esta ley, en 27 entidades más existe la prohibición si alguno tiene una enfermedad contagiosa, crónica o incurable; mientras que en la península de Baja California y Coahuila una pareja no se puede casar si uno de los cónyuges tiene Sida.
El Estado de México prohíbe el casamiento si una de las personas es bisexual, y en 23 entidades, la pareja no se puede casar si el hombre tiene impotencia sexual.
EN CIFRAS
2.5 millones de casos de infección en 2011; 700 mil menos que hace 10 años
1.7 millones muertes en 2011; 600 mil menos que en 2005
Sólo 54% de los 34 millones de enfermos tiene acceso a tratamientos
Sólo 28% de los niños con VIH en países de ingresos bajos y medios recibe tratamiento
230 mil niños murieron en 2011 por causas relacionadas con el virus