El Gobierno español aprobó hoy una serie de medidas urgentes para los afectados por los impagos hipotecarios, que incluyen la creación de un “fondo social de viviendas” para los deudores que hayan perdido su casa, y establecen una paralización de los desahucios durante dos años.
El ministro español de Economía, Luis de Guindos, informó de las nuevas medidas en rueda de prensa y explicó que el fondo de viviendas, que podrán ser alquiladas por los que han perdido su casa, se nutrirá de los inmuebles que estén en manos de la banca como consecuencia de adjudicaciones por impagos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, puntualizó que esos alquileres tendrán “precios bajos” y aseguró que en el futuro habrá más medidas para paliar los desahucios.
A las medidas aprobadas por el Ejecutivo español se podrán acoger los colectivos sociales desfavorecidos que tengan unos niveles de renta determinados.
Se beneficiarán familias numerosas, monoparentales con hijos, con menores de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 por ciento o en situación de dependencia o enfermedad que impida trabajar, o que hayan sufrido violencia de género.
También podrán beneficiarse deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, y los casos en los que convivan con el deudor personas con discapacidad, dependencia, o enfermedad grave.
Adicionalmente, será necesario tener una renta inferior a 1.600 euros mensuales (2.041 dólares), o que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas.
En cualquiera de los casos, la vivienda hipotecada tiene que ser la residencia habitual.
Las nuevas disposiciones no modifican la actual Ley Hipotecaria, según explicó el ministro de Economía, ya que se limitan al proceso de lanzamiento, que es la fase final del procedimiento de ejecución hipotecaria, y que normalmente coincide con el desahucio.