En vísperas de que se proceda penalmente en contra de los 14 policías federales arraigados por la agresión a funcionarios estadunidenses cerca del poblado de Tres Marías, la Procuraduría General de la República (PGR) rechazó confrontar ambas partes en una diligencia ministerial, como había solicitado la defensa de los policías investigados.

 

En entrevista con 24 HORAS el abogado Enrique Rusty Mondragón Huerta, uno de los defensores de los agentes, dijo que había solicitado, como prueba, que se realizara una confrontación entre ambas partes, similar a los “careos” que se realizan en los juzgados, para evidenciar lo que calificó como “inconsistencias” en la declaración de los agentes de la CIA.

 

“No nos aceptaron una confrontación, que es lo que estamos solicitando, entre mis clientes y las personas de Estados Unidos que denuncian, los afectados, y no nos la aceptaron; por ley está fundamentado que tendrían que hacerlos venir para la confrontación, pero sabemos que una cosa es el mundo de derecho y otro los hechos”, dijo.

 

Este diario publicó que en la declaración ministerial que rindieron los agentes de la CIA, vía asistencia jurídica, éstos señalaron que los policías que los atacaron nunca se identificaron, estaban vestidos de civil y los amenazaron con armas largas, además de exigieron que bajaran del vehículo diplomático en el que se encontraban.

 

Esta versión, según la defensa de los policías, es imprecisa, pues los federales sostienen que lo que se llevaba a cabo en la zona era un operativo antisecuestro, y que los extranjeros ignoraron la orden de que se detuvieran aun cuando eran perseguidos por las patrullas de la Policía Federal.

 

“Lo que pasa es que con esa prueba (la confrontación) había la oportunidad de alegar algunas cuestiones que ellos (los estadunidenses) dijeron; nosotros queremos acreditar que efectivamente iban uniformados, cuando menos traían chamarras e insignias de la federal, pero la PGR nos negó la prueba”, explicó el litigante.

 

Respecto a las otras pruebas que ofreció la defensa, Rusty Mondragón añadió que se encuentran diversas pruebas documentales sobre las órdenes de operación que cumplían los agentes, así como testimoniales para sustentar su versión del operativo antisecuestro que se realizaba en el lugar.

 

Entre las declaraciones que solicitaron que se desahoguen se encuentra la del jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Jesús Cárdenas Palomino, y la de la persona que presuntamente se encontraba secuestrada y fue rescatada.

 

El abogado señaló que desconoce si estas declaraciones ya fueron recabadas por el Ministerio Público Federal.

 

Esperan aprehensión

 

Este jueves concluye el arraigo de 40 días que la PGR obtuvo de un juez en contra de los dos últimos policías federales que fueron detenidos por su presunta relación con la agresión que sufrieron los agentes de la CIA y el capitán de la Marina que los acompañaba, el pasado 24 de agosto.

 

De acuerdo con el abogado, la medida cautelar vence para los policías José Cruz Ortega Sánchez e Ivonne Moreno Romero, por lo que hoy mismo se tendría que resolver su situación jurídica o anunciar una ampliación del arraigo.

 

El litigante consideró poco probable que se amplíe la medida cautelar en contra de estos dos policías, debido a que la próxima semana vence también el segundo periodo de arraigo que se dictó en contra del resto de los agentes, y el cual ya no puede extenderse.

 

“Nuestro sentir es que en las próximas horas la PGR estará anunciando ya la resolución jurídica de todos los policías en grupo (…), por las declaraciones que ha dado la procuradora Marisela Morales, no estamos muy optimistas, creemos que aunque no sabemos porque delitos”, dijo el abogado.

 

Hasta el cierre de esta edición, la PGR no había dado a conocer si ya se solicitó alguna orden de aprehensión en contra de los agentes o si se ampliaría el arraigo.

 

La semana pasada, Morales adelantó que se procedería penalmente en contra de los policías, pero advirtió con independencia de ello, las indagatorias relacionadas con el incidente continuarán.

 

Además de la posibilidad de una “confusión” que es el argumento de los policías, la PGR también indaga la posibilidad de una agresión premeditada y con posibles vínculos con la delincuencia organizada.