A pesar de la acelerada contratación de deuda en estados y municipios, la opacidad en las cuentas públicas de las entidades federativas impide conocer para qué se utilizan los recursos adquiridos a través de préstamos.

 

De acuerdo con un estudio reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los problemas más frecuentes en la información relacionada con las cuentas públicas de los estados tiene que ver con textos ilegibles, dificultad en el acceso a la información, falta de estructura común en presupuestos y contenido de criterios en diversas leyes, situación que dificulta saber a qué se destinan los recursos que los estados perciben a través de deuda pública.

 

“Nos estamos endeudando con falta de transparencia y no sabemos a qué se va el dinero”, considera Juan Pardinas, director del IMCO.

 

“El tema es que combinas un endeudamiento acelerado con una tendencia preocupante, donde no está muy claro en algunos estados para qué se endeudan, cuál es el propósito. Por ejemplo para qué se endeudó la Puebla de Mario Marín semanas antes de dejar el poder o por qué el gobierno de Chiapas se está endeudando cuando está a punto de entregar. Desgraciadamente los congresos estatales no siempre cumplen con la función de división de poderes para actuar como contrapeso y hacer preguntas incómodas de para qué se están endeudando las entidades mexicanas”, señala.

 

Aun cuando 81.73% de la deuda estatal contratada es garantizada con participaciones federales y 16.99% con ingresos propios de los estados, los expertos coinciden en que las nuevas atribuciones que tendrá la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar las participaciones federales en los estados mediante la Ley General de Contabilidad Gubernamental permitirá conocer en qué se están utilizando los montos de deuda adquiridos.

 

“Si algunos estados llegaran a tener una crisis insostenible donde tuviera que intervenir el gobierno federal, estas reformas ayudarán a la ASF a conocer exactamente de qué magnitud es el problema para evitar estas contabilidades ajustadas”, apunta Tamón Takahashi, director de investigación en Economía y gobierno del CIDAC.

 

“La deuda de los estados crece porque no hay los controles suficientes, ni la responsabilidad suficiente de las autoridades estatales para asumirse como entidades con facultades fiscales propias y porque han venido haciendo un uso no muy racional y efectivo de los recursos que tienen. Creo que es más un tema de desorden que falta de crecimiento en la economía”, finaliza.

 

La opacidad de la información

 

En México se destina de 15% a 20%  del Presupuesto de Egresos de la Federación para el desarrollo de los proyectos de inversión física. Según el Índice de Información Presupuestal 2012 del IMCO, 19 entidades obtuvieron una calificación negativa en desglose, presentación y transparencia de los ejercicios presupuestarios, siendo Tabasco la entidad peor evaluada, con un puntaje de 24%, seguida de Tamaulipas y Sonora, con 37% cada uno; Chiapas, con 39%, y Querétaro, con 41%.