El gobierno de Sonora no detuvo las obras del acueducto Independencia, que llevará agua de la presa El Novillo, cercana a Ciudad Obregón, a Hermosillo, la capital, pese a que existían varias órdenes judiciales que obligaban a la administración a detener los trabajos, en tanto se resolvían seis demandas de amparo y una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

De acuerdo con información emitida ayer en el gobierno estatal por John Swanson, jefe de la oficina del Ejecutivo, las obras tienen un avance de 95% y en noviembre comenzarán las pruebas, para que en febrero el sistema entre en operación.

 

En 2010, el gobierno de Sonora lanzó el programa, que busca solucionar el abasto de agua potable en la capital llevando líquido desde la presa mediante un acueducto de 132 kilómetros de largo, cuya construcción costará más de tres mil millones de pesos.

 

El proyecto, desde su nacimiento, provocó polémica y dio origen a un movimiento de productores agrícolas que consideran que el trasvase del líquido afectará sus cultivos.

 

Los opositores, agrupados en el Movimiento ciudadano por el agua o No al Novillo, promovieron juicios de amparo contra la decisión del gobierno de Sonora.

 

El 31 de agosto de 2010, el Juzgado Octavo de Distrito en ese estado admitió la demanda de amparo solicitada por la asociación de usuarios productores agrícolas de dos secciones de riego del río Yaqui, en la que se pedía la suspensión de la licitación para la construcción del acueducto Independencia y los actos que emanaran de ella, y concedió una suspensión provisional para que no se dictara el fallo de la licitación y no se adjudicara la obra.

 

Hace poco más de un año, el 13 de octubre de 2011, la juez de distrito concedió la suspensión definitiva para que no se dictara el fallo, y, en consecuencia, la obra no fuera adjudicada, sin embargo, los trabajos nunca fueron interrumpidos.

 

Posteriormente, la suspensión fue revocada por el Tercer Tribunal colegiado en materias penal y administrativa del Quinto Circuito y sigue en análisis, pero los demandantes alegan que eso no cambia el hecho de que el gobierno estatal no acató un mandamiento judicial, lo que sería motivo para llevar a juicio al gobernador Guillermo Padrés.

 

Además del desacato del gobierno estatal a un mandamiento judicial, autoridades federales incurrieron en violaciones a las leyes, señalan los opositores al proyecto. Destacan que el 4 de mayo 2012, el juez Cuarto de Distrito de Sinaloa concedió la protección de la justicia federal a las comunidades yaquis respecto a la autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la construcción del acueducto porque la dependencia no respetó la garantía de audiencia establecida en el Artículo 14 de la Constitución.

 

Adicionalmente, señalan que la Auditoría Superior de la Federación emitió un dictamen negativo respecto a la Cuenta Pública del estado en 2011, ya que en el proceso de licitación del acueducto Independencia se ocultó que la obra implicaba la utilización de recursos públicos federales y estatales; no se solicitó a la Secretaría de la Función Pública la designación de un testigo social; incluyó en la licitación pública requisitos que limitaron la competencia y libre concurrencia de participantes; ninguno de los participantes cumplió con la experiencia y capacidad técnica prevista en las bases de licitación, y la evaluación de las propuestas fue deficiente y por ello se adjudicó al licitante que ocupó el cuarto lugar.

 

El movimiento No al Novillo argumenta que el gobierno de Sonora pasa por encima de decretos de veda 1931, 1949, 1955 y 1982 que etiquetan toda el agua de la cuenca del río Yaqui para el uso de los habitantes de la misma y que las transmisiones de títulos sólo pueden hacerse dentro de una misma cuenca hidrológica de acuerdo con el Artículo 34 de la Ley de Aguas Nacionales (LAN), esto es, que las unidades de riego del Yaqui no pueden ceder sus derechos sobre las aguas superficiales para que estas sean llevadas a otra cuenca.

 

También sostienen que calculó que en el Yaqui había excedentes de agua y que era factible trasvasarla a Hermosillo tomando en cuenta un reporte de disponibilidad de agua con datos de 2004 y no con información actualizada en 2010.

 

Las asociaciones de productores agrícolas, grupos de defensa del medio ambiente y ciudadanos que se oponen al proyecto esperan que una reunión con el presidente electo, Enrique Peña, o el equipo de transición ayude a la suspensión de esas obras.

 

Integrantes del Movimiento ciudadano por el agua o No al Novillo se reunieron el 19 de junio en Ciudad Obregón con el entonces candidato del PRI, además de que el 15 de octubre pasado se encontraron con Luis Miranda, integrante del equipo de transición y ex secretario de Gobierno en el Estado de México en la administración de Peña; en ambas ocasiones se les prometió que se buscaría una solución que respete el Estado de Derecho y solucione el problema de la escasez de agua en Hermosillo sin afectar a agricultores y ciudadanos del Valle del Yaqui.

 

Congreso dividido

 

Las fracciones parlamentarias de PRI y Partido Verde en el Congreso de Sonora acusaron al gobierno estatal, que encabeza Guillermo Padrés, de ocultar información en torno a los préstamos que ha solicitado y las maniobras que ha llevado a cabo para poner en funcionamiento el acueducto que llevará agua de Ciudad Obregón a Hermosillo, la capital estatal.

 

En un desplegado que se publicó ayer en medios locales, los 13 legisladores de ambos partidos señalan que el gobierno de Sonora, encabezado por el panista Padrés, ha dividido a la sociedad con su proyecto y ha enfrentado a los habitantes del norte con los del sur, debido a que los beneficios del acueducto causarán problemas económicos y sociales a los habitantes de Ciudad Obregón.

 

En el documento se acusa al Gobernador de usar recursos públicos, de manera oculta, para comprar derechos de uso de agua a comunidades del sur del estado, para cubrir el abasto de la capital, lo que es el centro de su proyecto, conocido como Sonora Integral (SI).