Las acusaciones e investigaciones por su vinculación con Los Zetas contra al menos 12 funcionarios de seguridad de primera línea, tanto estatales como federales, además de la fuga masiva de presos del penal de Piedras Negras, pusieron en evidencia la infiltración del narcotráfico en la estructura del gobierno de Coahuila.

 

En marzo de este año, fueron giradas órdenes de aprehensión contra el general retirado Manuel Jesús Cícero Salazar, que fuera jefe de la Policía Operativa de la Fiscalía General de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira, además de la subdelegada de la PGR en el estado, Claudia González López, y seis funcionarios más de esa dependencia.

 

También fue acusado, por los mismos cargos, Humberto Torres Charles, quien ostentaba un cargo en la Secretaría de Salud del Estado y es hermano de Jesús Torres Charles, ex fiscal general de la entidad en la administración de Humberto Moreira.

 

En marzo pasado, la PGR dio a conocer que conformaban una red de corrupción a favor del grupo delictivo al que proveían de información para impedir su captura y entorpecían las investigaciones contra esa organización, a cambio recibían pagos mensuales que iban de los 150 a los 600 mil pesos, así lo reveló un ex zeta, Pedro Toga Lara, alias El Guacho.

 

También fueron aprehendidos el ex coordinador estatal de la Unidad Especializada de Investigación Sergio Tobías Salas, alias El Tobogán, y el ex policía local Julio César Ruiz Esquivel, alias Chicho.

 

Y permanecen prófugos Enrique González Nava, ex jefe de la delegación de la AFI en el estado, y Jorge Luis Balbuena Flores, ex mando de la Policía Federal. Además, la PGR advirtió que había al menos otros cinco funcionarios de distintos niveles bajo investigación, pero no precisó sus nombres.

 

Ante las sospechas de corrupción y falta de control, el 3 de mayo la PGR reveló de su cargo al delegado en Coahuila, Héctor García, quien apenas llevaba 10 meses en el estado, y nombró en su lugar a Gerardo Granados Mejía.

 

Unos meses antes, el 15 de noviembre de 2011, fue ejecutado el Subdelegado “A” de Procedimientos Penales de PGR en la zona de la Laguna en Coahuila, Víctor Manuel Martínez Cortés, en lo que se presume fue un ajuste de cuentas.

 

A esto se suma el caso reciente de la fuga masiva de 131 reos del penal de Piedras Negras, Coahuila, quienes huyeron por la puerta del penal, auxiliados por presuntos integrantes del grupo delictivo de Los Zetas. Cinco directivos del Cereso y 16 custodios fueron detenidos por su complicidad en la fuga.