MONTEVIDEO. La Cámara de Diputados de Uruguay inició ayer el debate y votación de un polémico proyecto de ley de despenalización del aborto, en un proceso que se prevé será aprobado por los legisladores por un escaso margen.

 

El proyecto pretende despenalizar el aborto hasta la semana doce de gestación, con un plazo mayor sin límite en caso de que haya riesgos para la salud de la madre, siempre que se realice en centros de salud y bajo la supervisión de las autoridades.

 

Esta iniciativa modifica sustancialmente el proyecto de ley votado por el Senado uruguayo el pasado mes de diciembre debido a que el oficialista Frente Amplio no cuenta con los votos suficientes en la Cámara baja para aprobar la medida y se vio obligado a pactar un nuevo plan con el legislador del Partido Independiente Iván Posada, cuyo voto será determinante para lograr su aprobación.

 

El resultado de este acuerdo no gustó a las asociaciones partidarias del aborto, que consideraron que no legaliza la práctica y que sigue abriendo la puerta a que las mujeres que aborten puedan ser penalizadas y denunciadas, ni a los antiabortistas, que expresaron su rechazo por que “le abre la puerta al mal” y que permite pensar que “el aborto es bueno porque es legal”.

 

Ambos grupos anunciaron su presencia en las inmediaciones del Parlamento para expresar su rechazo al proyecto.

 

En su intervención ante la Cámara, el diputado Posada defendió el proyecto al considerarlo “idóneo para disminuir la cantidad de abortos que se practican en el país”.

 

“Este proyecto opta por el camino del medio, por la senda del menor mal”, explicó ante el resto de diputados.

 

La oposición de los partidos Nacional y Colorado, que anunciaron en bloque su rechazo a la iniciativa, pidieron devolver el proyecto a la Comisión de Derechos Humanos para un mayor debate, a lo que el Frente Amplio se negó.

 

El diputado colorado Fitzgerald Cantero, argumentó en contra apuntando que “con este proyecto la madre podrá hacer, de acuerdo a su estado de ánimo, lo que quiera con el embarazo”, mientras que el diputado nacionalista Javier García, apuntó que se trata de “un ataque al derecho a la vida”.

 

Fuera de la Cámara, integrantes de la asociación antiabortista Movidos por la Vida, mostraron su rechazo al proyecto de ley debido a que a su juicio, la norma “obliga a los centros de salud a practicar abortos si es voluntad de la mujer”.

 

A pesar de estar penado por ley, en Uruguay cada año se producen más de 30.000 abortos, según cifras oficiales, aunque la realidad puede doblar ese número, señalan organizaciones no gubernamentales.EFE