Por segunda vez en una semana, la Procuraduría General de la República entregó ilegibles e incompletas las pruebas en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, por lo cual el  juez que analiza el amparo promovido por éste, advirtió que puede declarar en rebeldía al agente del ministerio público federal y aplicarle una multa.

Por tercera  ocasión, el juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia penal Francisco Javier Sarabia Ascencio, solicitó al agente del Ministerio Público Federal, la entrega de los documentos legibles y completos que sustentan la acusación por delitos contra la salud en contra del político priista, acusado de presuntos vínculos con los carteles de Los Zetas y del Golfo.

 

Esto porque de nueva cuenta los documentos por la PGR “están testados”.

 

Quien revisa el amparo promovido por Yarrington dio otro plazo de 48 horas, para que la PGR  entregue completa la documentación en que fundamenta los señalamientos en contra del citado.

 

La PGR ha enviado de forma consecutiva ilegibles los documentos que avalan sus señalamientos en contra del ex mandatario estatal de extracción priista, acusado de proteger al Cartel del Golfo.

 

El juez necesita los documentos para saber en qué se basan las acusaciones, a fin de poder  determinar si otorga o no el amparo a favor de Yarrington, que permitiría que la PGR  no se le congele sus cuentas bancarias, ni le decomise sus propiedades.

 

El titular del juzgado publicó ayer  que la PGR tiene 48 horas a partir de que se le notificó, para remitir los documentos mediante los cuales la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, así como todas las constancias que tengan sobre la investigación en contra del ex mandatario tamaulipeco.

 

Advierte que de incumplir con la entrega de esos documentos, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

 

El recurso  interpuesto por el ex mandatario priista el 25 de junio del presente año, es el número 692/2012, en contra de la alerta emitida por el gobierno federal, con la cual se vigilan sus entradas y salidas del país, así como las que realice en el interior del mismo; para que no le cateen ni sus propiedades habitacionales, sus oficinas, ni se toquen sus cuentas bancarias, como resultado de la investigación que realiza en su contra la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) de la PGR.