Hace unas semanas se llevó a cabo en la Ciudad de México un foro sobre Derechos Humanos y Movilidad, como parte de la elaboración de un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre el mismo tema. A dicho foro fueron convocadas autoridades del transporte en la ciudad de México y cancelaron de último momento.
Esta semana llegó a mis manos un pequeño pasquín elaborado por la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, llamado Plan de Derechos Humanos en el Transporte Público del Distrito Federal. El documento dista mucho de ser un plan y de ser un planteamiento serio respecto a los derechos humanos, comenzando por la portada: un microbús rodeado de dibujitos que representan a adultos mayores, embarazadas, mujeres, miembros de la comunidad LGBTTTI … o personas con discapacidad, quienes definitivamente no podrían entrar al microbús de la foto.
El tema de los derechos humanos y la movilidad (no el transporte público, dado que definirlo así excluye a los peatones y usuarios de otros modos de transporte) tendría que ser de interés nacional. Hay el riesgo de que pase lo que ocurrió en el Distrito Federal: que la autoridad no entienda el tema, no quiera sensibilizarse, se aisle por miedo a ser criticada … ¡y hasta quiera venderle chiles a Clemente Jacques!
Existe una definición generalmente aceptada sobre el derecho a la movilidad:
“El derecho a la movilidad de las personas implica la atención a todas las formas de desplazamiento. Su satisfacción exige, por tanto, de la intervención de la Administración pública para garantizar una oferta de espacio público adaptado y de sistemas de transporte para ello.“
En México existe el derecho al libre tránsito, por supuesto, pero no define las condiciones en que se realizará el libre tránsito por el territorio nacional (el pasquín del DF tampoco). Hay una serie de derechos cuyo ejercicio supone una movilidad y no hay un marco legal que defina la movilidad: el derecho a la educación supone un desplazamiento de la casa a la escuela (así sea por lodazales), por ejemplo.
En países desarrollados, las personas con discapacidad pueden viajar solas, pues calles y estaciones reconocen su dignidad de personas; en países como México generalmente dependen del taxi y de una persona que los auxilie. El resultado es que pareciera que hay menos personas con discapacidad que en otros países, pero no es así, simplemente salen muy poco de su casa.
Los automovilistas esperan el cambio del semáforo sobre la raya peatonal, pero los peatones no podrían esperarlo sobre alguno de los carriles. Al peatón se le presiona cuando cruza lento una calle, pero no hay grandes formas de presionar al automóvil cuando se atraviesa o estaciona en una zona peatonal. Ayer mismo, una patrulla accionó un segundo su sirena sólo porque en auto cedí el paso a unos peatones.
El espacio público, es decir, el espacio de convivencia de todas las personas en las calles, parques y plazas, tiene distintos grados de respeto en todo el país. Sin embargo, lo que regularmente es débil de manera coincidente en todas ellas, es la defensa del peatón por parte de la autoridad y la capacidad de reacción generalizada cuando el desplazamiento peatonal es afectado por algún vehículo.
En Holanda, la velocidad máxima en vías rápidas es de 50 km/h. Les será incómodo a los automovilistas pero normal, y eso salva vidas y hace más agradables los trayectos. En México no se miden los límites de velocidad en calles tranquilas y los atropellamientos suelen ser mortales.
¿Por qué nuestro sistema político defiende mejor, en la práctica, las necesidades de desplazamiento de los automovilistas que de los peatones? Es urgente construir una agenda nacional en materia de derechos humanos y movilidad, en cuyo caso es imprescindible que la autoridad participe en las discusiones, no imponiendo pasquines sin fundamento, sino entendiendo el problema y ofreciendo soluciones.
@GoberRemes