La propuesta de modificar la Ley del Aborto en España que data desde 1985 mantiene dividida a la población. La iniciativa, presentada por el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, podría modificar a partir de octubre la actual legislación para que la malformación del feto no sea una causa que permita terminar con el embarazo.

 

Han sido muchas las críticas vertidas sobre el ministro, a quien han llamado “fundamentalista y reaccionario”, y ya se han recogido más de 100 mil firmas en contra de su proyecto y se han celebrado manifestaciones en contra de su propuesta. E incluso en las filas del propio Partido Popular (PP), a muchos políticos tampoco les ha gustado nada.

 

Pero también están las voces a favor. Ayer, la Plaza de Cibeles en Madrid recibió a un contingente de jóvenes integrantes de la marcha “Crossroads” que recorrió dos mil kilómetros a lo largo del país para promover la derogación del aborto. El recorrido inició el pasado 7 de julio en Barcelona.

 

El político conservador tiene previsto modificar el próximo mes de octubre la actual legislación sobre el aborto que data de 1985, durante el gobierno del socialista Felipe González y con los votos en contra de Alianza Popular (PP), el actual gobernante Partido Popular (PP); posteriormente amplió sus alcances en 2010.

 

En ese año, con el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó la nueva ley que establece que abortar es un derecho, permite el aborto libre en las primeras 14 semanas de embarazo (sin acogerse a ningún supuesto), y hasta la 22 en los casos de riesgo de la vida o la salud de la madre o graves anomalías en el feto. Además, aprueba que mujeres de 16 y 17 años aborten sin el permiso de sus padres. Una legislación muy parecida a la del resto de los países europeos.

 

El anuncio del ministro de justicia ha provocado la indignación de muchos médicos, asociaciones sanitarias, jueces, grupos de mujeres progresistas y feministas, partidos políticos, organizaciones y sindicatos. Para todos ellos, el proyecto de ley supone volver a la dictadura de Francisco Franco, cuando abortar era delito castigado con cárcel.

 

Para algunos, la intención del ministro es tender una cortina de humo ante la situación económica de España, mientras que para otros es captar el voto de la derecha más conservadora, de cara a su futuro político.