Brasilia. La fase de alegatos del proceso contra 38 acusados de supuestas corruptelas denunciadas en 2005 en Brasil concluyó hoy con la defensa del publicista que dirigió la campaña que llevó por primera vez al poder a Luiz Inácio Lula da Silva.

 

Los abogados del publicista Eduardo “Duda” Mendonça fueron los últimos escuchados por el Tribunal Supremo, que ya concluida esta primera etapa del llamado “juicio del siglo” pasarán a debatir la supuesta responsabilidad de los imputados.

 

Mendonça, hoy de 68 años y considerado un mago de la publicidad, fue acusado junto con su socia Zilmar Fernandes de lavado de dinero y evasión de divisas, cargos que sus abogados negaron con vehemencia.

 

La Procuraduría General, parte acusadora en el juicio, fundamentó los cargos en que parte de los honorarios cobrados por Mendonça por la campaña de Lula le fueron depositados por el Partido de los Trabajadores (PT) en una cuenta en el exterior y en que el origen del dinero estaría en una supuesta red de corrupción.

 

El abogado Luciano Feldens afirmó ante el Supremo que ese dinero era “completamente lícito” y correspondía a un “trabajo realizado y exitoso”, como fue “ayudar” a Lula a llegar a la Presidencia en 2002.

 

“El PT y Lula tenían un sueño, que era la Presidencia, y para eso contrataron a los dos mejores publicistas del país, que dirigieron una larga, costosa y exitosa campaña política”, sostuvo.

 

Relató que, a inicios de 2003, con Lula ya en el poder, Mendonça aún tenía deudas por cobrar del PT, que le recomendó abrir la cuenta en el exterior para recibir el pago.

 

“Era tomar o dejar”, declaró Feldens, quien admitió que Mendonça no había declarado la cuenta ante las autoridades del Banco Central, aunque luego lo hizo y pagó los impuestos y las multas debidas a las autoridades tributarias.

 

También recordó que, en 2005, cuando estallaron los escándalos en torno al Gobierno de Lula, Mendonça y Fernandes decidieron, “por su propia cuenta y responsabilidad”, hacer público cómo el PT les había pagado las deudas que mantenía por la campaña.

 

“Todo fue hecho en forma lícita, estaba previsto en contratos firmados con el PT y hay incluso recibos firmados por ese dinero”, de modo que “no se puede hablar de lavado y evasión”, dijo.

 

El proceso comenzó el pasado día 2 y todos los abogados de los acusados han rechazado la supuesta existencia de una trama dirigida a sobornar diputados y “comprar” así la mayoría parlamentaria que Lula no había logrado en las urnas.

 

Sin embargo, varios de los abogados admitieron que el PT recaudó para sus campañas, la de Lula incluida, recursos que no declaró a las autoridades, lo que supone una violación de leyes electorales, que ya ha prescrito y, por tanto, para la que no cabe castigo.

 

La Procuraduría General, en su acusación, sostiene que el dinero que abasteció tanto las campañas como los supuestos sobornos tenía origen público, lo cual sí entraría dentro de la órbita penal del Supremo y puede llevar a los implicados a la cárcel.

 

En su acusación, la Procuraduría sostiene que entre 2002 y 2005 operó el “más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y desvío de dinero público descubierto en Brasil”, “ideado” y “dirigido” por el entonces ministro de la Presidencia José Dirceu, uno de los “escuderos” políticos de Lula durante décadas.

 

El primero de los magistrados en presentar su voto será el juez instructor del caso, Joaquim Barbosa, quien ya ha dado indicios de que considera culpables a la mayoría de los acusados.

 

Después de Barbosa, cumplirán el trámite los otros once jueces y deberán ser dictadas las sentencias, las cuales se prevé que serán conocidas antes de mediados de septiembre próximo.