Pedro era abogado, Joaquín empresario y Arturo estudiante. Ninguno de ellos se conocía, sólo que los tres son víctimas de desaparición forzada en 2009.
Sus familiares los siguen buscándolos todavía tres años después. Necesitan que alguien les diga dónde está su cuerpo, que les entreguen su ropa, muestra de su ADN o lo que sea. Algo, sólo alguna prueba que les dé certeza que ya han muerto, de lo contrario seguirán buscándolos vivos.
Desde hace más de tres años, los familiares de alguien desaparecido dejaron de ser víctimas pasivas y se convirtieron en casi investigadores, al emprender su búsqueda con los pocos recursos que tienen.
Ahora exigen información, acuden a las procuradurías y a los servicios médicos forenses del país revisando rostros y ropas. Se hacen pruebas de genética, que llevan consigo a todos los lugares que recorren para compararlos si es posible.
Sigue pasando el tiempo y aguardan, con un sentimiento que transita por la esperanza, la desesperación y la impotencia, al final, no sabe en qué va a convertirse.
Los directores de los servicios forenses reconocen que en nuestro país no estamos acostumbrados a que las víctimas acompañen los procesos de identificación, pero es una medida que debe comenzar a valorarse, les recomiendan los expertos forenses de Guatemala y Colombia, porque los familiares pueden aportar muchos datos esenciales.
Además existe un dato fundamental, contrario a la percepción que se ha creado en los últimos cinco años de que los cadáveres que llegan a los servicios médico forenses (Semefos) son de personas que cometieron algún delito, en realidad muchos de ellos se trata de ciudadanos comunes y honestos.
Jaime Varela, director de Servicios Periciales del estado de Durango, donde localizaron, entre abril y mayo 340 cadáveres sepultados de forma clandestina, asegura que los cuerpos que llegan a esas áreas “son gente normal, son gente de la sociedad, no precisamente gente que sean delincuentes, hay desaparecidos que son personas de bien”.
¿Cuántos son inocentes?
Demostrar la identidad de los cuerpos y porqué los mataron se convierte en un reto enorme. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió en Durango y que narró a 24-HORAS Jaime Varela, sobre la identificación de los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas, de los cuales hasta ahora lograron identificar sólo a 93, de los 340 cuerpos
“Lo que mas complicó la identificación fue la falta de material de instrumentos, y de personal, pero la misma gente (familiares), nos fue apoyando y de la PGR nos mandaron especialistas”, añade.
A diferencia de lo que ocurrió en Durango, donde no se han logrado identificar a más del 70 por ciento de los cuerpos que fueron exhumados de esas fosas, en Guerrero –uno de los cinco estados más violentos del país-, la cifra de no identificados en un año oscila entre el 10 y el 15 por ciento, de acuerdo con Keines García Leguizamo, director general del Semefo de esa entidad.
“Entre un 10 o un 15 por ciento, se van con dactiloscopia a la fosa común”, apunta tras haber señalado que en 2011 recibieron en el Semefo en total mil 600 cadáveres, de los cuales unos 200 no fueron identificados y sólo quedaron sus huellas para el registro.
Datos precisos de quiénes son, si cometieron algún delito no se tiene. Simplemente los muertos no identificados se depositan en la fosa común y los que sí encuentran sus familiares se les entrega y no hay más investigaciones.
Esa realidad se hace más escalofriante al conocer la cifra que arroja García Leguizamo, quien asegura que en Guerrero el número de cadáveres de menores de edad que fueron asesinados en hechos vinculados con la violencia ligada al narco, creció exponencialmente. Pasó de un tres por ciento hasta alcanzar un 20 o 25 por ciento.
Registros y víctimas
Mientras, Felipe de Jesús Cobos Avilés, director de Servicios Periciales de la Procuraduría de Coahuila, otro de los 10 estados más violentos del país, dijo que “hay mucha presión para lograr la identificación por tantos cuerpos que aparecen, cuerpos de un estado a otro, es un proceso largo complicado y como no tenemos un banco de datos no estatal, ni nacional, con los datos genéticos, tenemos que avocarnos a métodos menos científicos, a lo que hemos apostado es a las fichas de identificación, las fichas antemortem y postmortem”.
El militar quien desde hace cinco meses se hace cargo de esa dirección de la Fiscalía de Coahuila, indicó que le envían datos de Tamaulipas y Nuevo León, para que colaboren en la identificación de algunas personas, “de Tamaulipas tengo 16, de Nuevo León me están llegando pero no puedo identificar ni uno, no tenemos un protocolo”.
Para Cobos Avilés sería pertinente que se pudieran exhibir las prendas de las víctimas, como ya ocurre en Baja California, y poder contar con un sistema de fichas de identificación, al cual pudieran compartirse información de forma más rápida”.
Por su parte, Jairo Velazquez Franco, director del Semefo de Nayarit, explicó que cuando se incrementaron los hechos de violencia en esa entidad, entre 2010 y 2011, había 50 o 60 cuerpos que no se lograban identificar, “eran ya sean cadáveres de otros estados, o de otros países, que por una situación de delincuencia organizada y llegaban a Tepic a hacer sus cosas y luego nadie llegaba, ni los reclamaba”.
En 2011 en Michoacán se fueron 22 cadáveres a la fosa común, 70 por ciento carbonizados fragmentados, no hubo forma de identificarlos, detalla Ramón Sixtos Guillen, jefe de departamento de medicina forense de ese estado, en el cual el año pasado recibieron mil 200 cuerpos de personas que murieron de forma directa o indirecta en enfrentamientos, en los cuales participaron personas ligadas con el crimen organizado.
Por eso los familiares deben de seguir buscando entre los vivos y entre los muertos, para encontrar a los suyos que les han sido arrebatados y ni siquiera saben porqué.