La secretaria general del CEN priista, Cristina Díaz, descartó que vaya haber un costo político para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la “campaña de desprestigio contra la legalidad del proceso electoral” que impulsa Andrés Manuel López Obrador.
El costo será en todo caso para los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano, que impulsaron la candidatura del político tabasqueño a través de la coalición Movimiento Progresista.
“Allá ellos si quieren dilapidar en el futuro un activo político tan importante como el que tuvieron en esta elección” con 15 millones de votos, expuso en entrevista la dirigente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista.
“La elección fue una elección con orden, con legalidad, en donde participaron más de 50 millones de mexicanos y da la impresión que están alargando para ese movimiento la agonía de ellos, para mantenerse mediáticamente en los medios”, abundó.
Respecto a la petición del Movimiento Progresista de ampliar los plazos para la calificación presidencial, la secretaria general del CEN priista señaló que esa postura es una actitud “maquiavélica” para alargar su agonía y mantener mediáticamente a Andrés Manuel López.
La número dos en la jerarquía priista aclaró que el instituto tricolor es respetuoso de los tiempos que tiene la autoridad electoral y reiteró que los comicios del 1 julio fueron transparentes y en orden, además de que el triunfo de Enrique Peña Nieto fue contundente.
De igual forma refrendó la confianza del partido tricolor en las instituciones, que en esta etapa poselectoral han realizado un trabajo en orden y transparente.
“No nos debe caber la menor duda a todos los mexicanos que la autoridad se está conduciendo con apego al derecho, tanto en el Instituto Federal Electoral como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, subrayó la también diputada federal.
Por su parte, el vocero del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista, Eduardo Sánchez Hernández, descartó el riesgo de inestabilidad social por el conflicto poselectoral que impulsa el candidato de la izquierda.
No se puede coartar al abanderado presidencial del Movimiento Progresista su libertad de realizar giras en el país para señalar el presunto fraude electoral ni su libertad de expresión y tránsito, que está garantizada por la propia Constitución, señaló en entrevista.
Sin embargo “nosotros ya solicitamos a la autoridad que revise, respecto a la campaña electoral, el origen de sus recursos en su campaña sobre el entramado de asociaciones civiles que utilizó para ocultar su financiamiento ilegal”, subrayó Sánchez Hernández.
Los mexicanos queremos un país mejor y vivir en paz, “lo que necesitamos son acuerdos de trabajo real y no esta pirotecnia de frustraciones a las que López nos tiene acostumbrados”, refirió.
Por lo anterior, consideró que los nuevos coordinadores legislativos del PRI deberán trabajar en conjunto con las bancadas para impulsar los 10 compromisos postulados por el candidato presidencial de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto.