Finalmente, dos años después de que el Centro de Colaboración Cívica exigiera la inclusión ciudadana en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación aceptó que cinco civiles participen en las sesiones donde los funcionarios de más alto nivel federal y estatal analizan la situación que prevalece en el país en materia de inseguridad, en todas sus expresiones, y las políticas públicas que se deben instituirse en el país para combatirla.

 

En el papel, los cinco civiles elegidos por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Óscar Vega Marín, son figuras públicas reconocidas y activistas por los derechos humanos y contra la inseguridad: María Elena Morera, Julia Monárrez Fragoso, Alejandro Martí, Héctor Larios Santillán y Arturo Valenzuela Zorrilla.

 

Sin embargo, su inclusión está acotada y genera sospechas entre algunos expertos en el tema, pues su participación será honoraria, es decir, no cobrarán un salario y tendrán derecho a voz pero no a voto. A algunos de ellos, incluso, se les identifica como “cercanos” al gobierno federal, como es el caso del doctor Valenzuela Zorrilla y el empresario Héctor Larios.

 

Además, el hecho de que la Segob haya designado un tema de participación a cada uno de los cinco civiles sesión efectuada el jueves pasado, acota la efectividad de las demandas y reclamos de la sociedad civil, al no permitir una expresión abierta y libre.

 

De hecho, la participación ciudadana en la sesión del jueves quedó marcada por el diferendo entre el presidente Felipe Calderón y Héctor Larios, por las cifras de los delitos dolosos.

 

LOS CINCO

Secuestro y familia

 

María Elena Morera Mitre. Nacida el 31 de marzo de 1958 y de profesión médico cirujano, se dedicó a la asistencia social, la práctica privada y la docencia. Sin embargo, en el 2000 su esposo Pedro Galindo fue secuestrado. La familia logró recuperarlo, pero no salió ileso, sus plagiarios le mutilaron cuatro dedos.

 

Desde entonces se convirtió en una activista social en temas de seguridad pública y promotora de la acción ciudadana en la evaluación y mejora del Estado de Derecho y participación democrática.

 

Presidió la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia, A.C. de diciembre de 2003 a febrero de 2009. Actualmente es Presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común, A.C., cuyas áreas de acción son la construcción de ciudadanía y su participación democrática, transparencia con rendición de cuentas y Estado de Derecho con Legalidad.

 

Investigadora crítica

 

Julia Estela Monárrez Fragoso. Casi toda su vida ha sido académica y activista de la igualdad de género, experta en la problemática de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua; así como en el feminicidio y la inseguridad ciudadana, temas sobre los que ha publicado libros y artículos en revistas nacionales e internacionales.

 

Su tiempo lo divide en dar clases y  sus labores como investigadora en El Colegio de la Frontera Norte. En 2009, fue perita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Campo Algodonero, juicio contra el Estado mexicano por el asesinato de tres adolescentes víctimas de feminicidio.

 

Un año más tarde, integra el Consejo Consultivo Ciudadano en materia de Violencia de Género y Seguridad Ciudadana de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

 

 

Marcas olímpicas

 

Alejandro Martí.  Al igual que los Juegos Olímpicos de México 68 marcaron su vida, pues decidió emprender su negocio de artículos deportivos Martí, las Olimpiadas de Pekín en 2008 le cambiaron la vida, pues ese año murió su hijo Fernando a manos de sus secuestradores. Con 62 años a cuestas, piensa dedicar el resto de su vida a la lucha por un país más seguro.

 

El crímen de su hijo de 14 años gestó la creación de un movimiento ciudadano en contra de la delincuencia, que lo llevó a convertirse en el personaje de ese año y crear la fundación México SOS, Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana.

 

Siempre será recordado por su retadora frase: “Si no pueden renuncien, pero no sigamos usando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada porque eso también es corrupción”, de aquel jueves 21 de agosto de 2008 ante los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

 

 

Empresario respondón

 

Héctor Larios Santillán

El presidente del Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad pasó a la historia tras desestimar las cifras alegres del presidente Felipe Calderón en materia de delitos dolosos. Ante el gabinete de seguridad y ante los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno del DF, le dijo al mandatario que la baja del 7% en esos delitos era “irrelevante”.

 

Este empresario llegó a la sesión del CNSP marcado por su presunta “cercanía” con el gobierno federal. Ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex, sin embargo, fue el más crítico en la reunión. Desde hace un año tomó las riendas del Observatorio Nacional Ciudadano, para dar seguimiento al Acuerdo Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad, firmado en agosto de 2008.

 

 

Va por Juárez

 

Arturo Valenzuela Zorrilla. Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y vocero del programa Todos somos Juárez, ha trabajado desde 2010 en la reconstrucción del tejido social y en la disminución de los niveles de inseguridad en esa ciudad fronteriza.

 

Señalado como “cercano” al gobierno federal, debido a que éste lo invitó a realizar dichos trabajos, Valenzuela Zorrilla se ha desmarcado y ha afirmado que luchará para que los ciudadanos conserven un lugar permanente en el CNSP, a fin de que la sociedad pueda incidir en los destinos del país.
Es un convencido de que luego de los acontecimientos que han golpeado al país, el nuevo estilo de gobernar será mediante los consejos, en los cuales se podrán hacer más participativos a los ciudadanos en la toma de decisiones.

 

 

Avalan mecanismo

 

Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, anunció el lanzamiento de una convocatoria para sumar a 15 ciudadanos nuevos para integrarse al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
En la sesión del jueves, el CNSP aprobó el mecanismo para que en este consejo estén invitados de forma permanente cinco representantes de la sociedad civil, quienes podrán opinar y exponer propuestas para fortalecer las políticas de seguridad pública.
Los representantes de la sociedad civil serán seleccionados por un jurado integrado por rectores universitarios y la Comisión que elegirá a los candidatos que aspiren a ser invitados estará integrada por los gobernadores de Chihuahua, Oaxaca, Sonora y el secretario ejecutivo del CNSP.

 

El jurado de rectores se encargará de elegir de manera abierta, transparente y equitativa a 15 ciudadanos de los cuales 10 serán seleccionados por la comisión especial del consejo, para rotarse los cinco lugares.

 

La próxima semana se emitirá la convocatoria para que se inscriban todos aquellos interesados.