Legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión indicaron que sólo la SCJN decidirá sobre la controversia constitucional que existe con la publicación o no de la Ley General de Víctimas.
En entrevistas por separado, precisaron asimismo que los ministros del alto tribunal no decidirán sobre el contenido de esta legislación, sino que la discusión se basará en el procedimiento constitucional establecido en el Artículo 72 de la Constitución.
Dicho precepto marca los tiempos en los cuales el Poder Legislativo debe enviar el decreto aprobado y el Poder Ejecutivo responder, hacer observaciones y publicar.
El diputado Carlos Flores Rico explicó que para controvertir sobre el contenido de la Ley General de víctimas, primero se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación, que es lo que no hizo el Ejecutivo, para que entre en vigor, pues de otra manera dicha legislación no existe.
Respecto a si se cumplieron o no los tiempos para que el presidente de la República devolviera la normativa, así como sus observaciones, ya se pronunciaron tanto el Ejecutivo federal como el Congreso de la Unión, por lo que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene que resolver.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró que lo que importa es que no quede inamovible y que se destrabe la situación.
Es decir, explicó, los tiempos en que se entregó de la Cámara revisora, que fue la de Diputados, al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Gobernación (Segob), que fue el 10 de mayo.
Sin embargo, por una observación de técnica legislativa, un secretario técnico de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por instrucciones del panista Oscar Arce Paniagua, quien es el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, solicitó a la Segob que regresara el dictamen aprobado.
De esta manera, la Segob recibió de nuevo el decreto el 1 de junio, respondió al Congreso y mandó las observaciones el 1 de julio, pero esta situación los legisladores consideran que fue extemporánea, ya que para ellos la Cámara envió el dictamen al Ejecutivo federal en mayo y no en junio.
A su vez, el senador Leonel Godoy consideró que la SCJN podría resolver el asunto en un plazo breve, pues se trata de analizar y con base en esa evidencia decidir cuál de los poderes de la nación tiene la razón.
El perredista opinó que su petición de que se condene el desacato del secretario de Gobernación por no publicar la ley, como lo ordenó el presidente del Senado, José González Morfín, quedó sin materia.
En su opinión, promover la controversia evidencia que no había verdadera voluntad política en atender a las víctimas de los delitos en el país.
Asimismo, agregó, en todas las posibles fallas que tuviera esa ley había un procedimiento legal por seguir.