El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al presidente Felipe Calderón que aplique alguna sanción al secretario de Economía, Bruno Ferrari, por emitir declaraciones en el programa radiofónico de Joaquín López-Dóriga que fueron consideradas un denuesto y denigratorias contra del PRI.

 

El secretario de Economía respondió con un señalamiento a actos de corrupción realizados por funcionarios del tricolor en los sexenios de José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari a la afirmación del entonces candidato Enrique Peña de que el desempeño de este gobierno había sido el peor de la historia en materia económica.

 

En una conferencia de prensa, Ferrari dijo que “aún se pagan los malos manejos de las administraciones, por lo que es importante distinguir qué es la verdad, qué no lo es y quién la dice”.

 

El proyecto presentado por la magistrada María del Carmen Alanís pidió sancionar al funcionario con base en lo establecido por el artículo 113 constitucional que ordena a los servidores públicos conducirse con apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad en el desempeño de sus funciones.

 

Alanís le dio la razón al PRI, que argumentó que esa expresión violaba el principio de imparcialidad, además de transgredir las disposiciones del artículo 41 constitucional, que prohíbe usar propaganda que calumnie a un candidato.

 

La queja fue desechada por el Instituto Federal Electoral pero el PRI la impugnó y los magistrados, por mayoría de cuatro a favor echaron abajo la resolución del árbitro electoral porque las declaraciones del funcionario sí afectaron al PRI y a sus candidatos, aunque se eximió al Partido Acción Nacional bajo el argumento de que el instituto no puede estar vigilando lo que dicen sus militantes o funcionarios.

 

Los magistrados Salvador Nava Gomar, Constancio Carrasco y Alejandro Luna votaron en contra por considerar que es comprensible que en el marco de un proceso electoral se hagan críticas fuertes entre los involucrados en éste.

 

Al final, el Tribunal Electoral ordenó a Calderón proceder contra Bruno Ferrari, por sus declaraciones aunque no especificó en qué consistirá la sanción.