El desconocimiento de leyes de protección ambiental por parte de los empresarios turísticos y la falta de apoyo de los gobiernos locales provoca que las inversiones para infraestructura turística se queden varadas por varios años, lo que representa pérdidas millonarias para el sector.

 

Los proyectos deben contar con tres permisos que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): el de Manifestación de Impacto Ambiental, de zona federal y de cambio de uso de suelo forestal, para que los proyectos de infraestructura  presentados a la federación y a los gobiernos locales tengan continuidad y no se queden estancados.

 

El director del despacho Estrategias Sustentables, Benjamín Díaz Díaz, explicó en entrevista para 24 Horas que tan sólo en los primeros cuatro años de la administración del presidente Felipe Calderón, 52 proyectos, que correspondían a 4 mil 500 millones de dólares de inversión turística, estuvieron parados por no cumplir con esos permisos.

 

Dijo que entre 2008 y 2010 la Secretaría de Turismo (Sectur), de Comunicaciones y Transportes (SCT), y Semarnat formaron un grupo de trabajo en Los Pinos para “desatorar” los 52 proyectos turísticos, que tuvieron que esperar entre cuatro y seis años para su liberación.

 

Dichos proyectos deberían haber iniciado su construcción entre los primeros 60 y 90 días a partir de que los empresarios presentaron de manera oficial su proyecto ante las autoridades estatales o federales, pero el atraso les causó “pérdidas de millones de dólares” para los inversionistas, afirmó el especialista.

 

Hay que señalar que la Secretaría de Medio Ambiente, en el documento Guía de ordenamiento ecológico del territorio, explica que la regulación del uso del suelo y  la promoción de un desarrollo sustentable en cualquier actividad productiva, incluida el turismo, pretende “maximizar el consenso entre sectores y minimizar los conflictos ambientales por el uso del territorio”.

 

El consultor y especialista en sostenibilidad ambiental y turismo aclaró que los empresarios tienen un mal concepto de la sustentabilidad, la cual se rige por tres ejes, según la Semarnat,  que son la parte ecológica, la incorporación social y el entorno económico.

 

En la parte ecológica se cuida el medio ambiente y en la económico-social está la integración de las personas de la región a las actividades de la empresa, como el darles empleo, capacitarlos, comprar los alimentos que cultivan y sus productos que manufacturan o dejar que los vendan ahí; “esa es la gran riqueza de un turismo regional, generar riqueza a nivel local”, señaló.

 

A consideración de Díaz Díaz sólo cuatro estados, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo “y últimamente Guanajuato”, han obedecido a la sustentabilidad ecológica, económica y social que propone Semarnat y algunos organismos internacionales, con las que se pretende mejorar regionalmente a las comunidades al integrarlas en “pequeña escala” a su proyecto empresarial.

 

Hay que recordar que hace un año, en junio de 2011, Oaxaca recibió el certificado EarthCheck Gold 2010, otorgada por el organismo internacional del mismo nombre, que reconoce a Huatulco como la primera comunidad turística sustentable de todo el mundo, donde además el turismo genera el 16% del PIB de la entidad.

 

El también ex director general de Mejora Regulatoria de Sectur, cargo que ocupó en los primeros años del gobierno de Calderón, indicó en entrevista para 24 Horas que el desconocimiento de los empresarios y la corrupción no sería un problema si los gobiernos locales tuvieran “liderazgo”, del cual carecen.

 

Los gobernadores, los secretarios de Turismo, de Desarrollo Económico y de Medio Ambiente de las entidades deberían formar una especie de “ventanilla única corporativa”, que no funcionara como las ventanillas municipales donde  se tiene que hacer fila, sino como una mesa de reunión donde los “turisteros” presenten su proyecto a las autoridades locales y federales para que hagan “una especie de pre factibilidad” y lo dirijan poco a poco, antes de proponerlo oficialmente, dijo.

 

Por otra parte, aseguró que las entidades no han tomado cartas en el asunto, ya que sólo cinco de las 32 que conforman la República Mexicana, que son Jalisco, Quintana Roo, Querétaro, Distrito Federal y Michoacán,  tienen un consejo consultivo que apoya, orienta y facilita a los empresarios los trámites que deben cubrir para comenzar a construir sus proyectos de infraestructura turística.