Fue durante la administración de Eugenio Hernández Flores, entre 2005 y 2010, cuando se incrementaron los señalamientos respecto a que el puerto de Altamira, en Tamaulipas, fue otra entidad más utilizada no sólo para operaciones de lavado de dinero, sino también como punto de entrada para la droga del cartel del Golfo y los Zetas.
Información en poder de 24 HORAS indica que tan sólo en el último lustro, el titular de la Administración Portuaria Integral (API) de Altamira, Alejandro Martín Gochicoa Matienzo, entregó contratos por más de 315 millones de pesos a las empresas GMC y Materiales Construcciones Villa, ambas involucradas en la investigación binacional por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Berlanga Bolado, el ex secretario de Obras de Hernández, era propietario accionista de la empresa GMC, mientras que Materiales Construcciones Villa es propiedad de Fernando cano, el principal prestanombres de Yarrington.
Entre los contratos firmados se ubicó la enajenación de más de 10 hectáreas del terreno portuario en favor de las mencionadas compañías, y en precios por debajo del valor comercial.
Otra empresa que se vio beneficiada con contratos por parte por la API de Altamira fue Edificadora del Golfo Norte, la cual además de estar vinculada a GMC, tiene como accionista a Javier Gil Ortíz, primo del ex gobernador Hernández.
El 4 de octubre del 2007, se registró el robo de un contenedor de 11.7 toneladas que había llegado al Puerto de Altamira procedente de Colombia, y que presuntamente contenía cocaína. Las investigaciones realizadas a nivel local no llegaron a ningún sitio.
En junio del 2010 y ante las acusaciones de vínculos de corrupción y nexos con la delincuencia organizada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destituyó a Gochicoa Matienzo de su cargo.