Académicos y empresarios que integran el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT) interpusieron una demanda contra los servidores públicos “que resulten responsables” ´por el bajo monto que se asignó a ciencia, tecnología e innovación del país en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2012, ya que es menor al 1% que establece la ley.

 

Este año, la Cámara de Diputados aprobó 40 mil 970 millones de pesos para la ciencia, tecnología e innovación como parte del desarrollo económico del país, pero a pesar de que fue mayor a los casi 33 mil 572 millones de pesos aprobados en 2011, la cifra equivale sólo al 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2011, que ascendió a 9 billones 167 mil 257 millones de pesos.

 

En la demanda expedida el pasado 15 de mayo y que fue enviada ese mismo día a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se explica que desde el año 2003 no se ha asignado más de 0.5% del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, a pesar de las modificaciones a los artículos 25 de la Ley General de Educación y al 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, donde se establece que la inversión sería mayor al 1% del PIB.

 

En dicho documento de 13 páginas se afirma que el monto que no se designo al desarrollo de la ciencia y tecnología en lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2011) asciende a Cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro millones de pesos.

 

La mesa directiva del Foro Consultivo, que está integrada por 21 académicos y empresarios, entre los que se encuentran José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Yoloxóchitl Bustamante Diez, directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Sergio Cervantes Rodiles, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), acordaron durante su décima sesión extraordinaria, que se realizó el 29 de marzo de 2012, interponer la demanda ante la omisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien no estableció el porcentaje que marcan las dos leyes en el Presupuesto de Egresos de la Federación.