Es de esperarse que cualquier acción de gobierno en pleno año electoral, propuesta por algún servidor público ya sea a nivel local o federal, esté cargada de tintes partidistas. Las podemos reconocer cuando sus objetivos, mas allá de un beneficio a largo plazo, parecieran estar orientados para generar simpatías.

 

En medio de una coyuntura de rupturas entre partidos, de críticas, descalificaciones y en vísperas de comenzar el proceso electoral, el pasado marzo el presidente Calderón anunció el programa CompuAyuda. A través de un crédito vía el Fondo del Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), trabajadores mexicanos podrán adquirir materiales de cómputo y el crédito se podrá obtener hasta por tres mil quinientos pesos a una tasa preferencial del 12%, que representa un 1% mensual.

 

Se especifica que mediante una colaboración con proveedores se podrá acceder a internet por una tarifa especial de 99 pesos mensuales, por un contrato de un año. Hay que recalcar que el gobierno federal pretende “regalar” tres de los doce meses de uso de internet de banda ancha.

 

El objetivo de CompuAyuda, en palabras del presidente, es “disminuir la brecha digital”, sin embargo, sólo tendrán acceso aquellos trabajadores que ganen menos de cinco salarios mínimos. Por su parte, al ser un crédito otorgado por el Fonacot, los beneficiarios deberán ser derechohabientes del sistema de seguridad social y el préstamo será descontado directamente de su salario.

 

Llama la atención del lanzamiento del programa el que se haya dado en medio de inauguraciones de obras y presentación de programas sociales, entre ellos el de 70 y más, que pretende entregar ayuda económica a adultos mayores, además de los proyectos anunciados para destinar recursos a ex trabajadores migratorios así como becas a estudiantes. Es parte fundamental de las labores del gobierno federal el proponer programas sociales, lo que es lamentable es que no representan soluciones sino medidas cortoplacistas, que pretenden tapar el sol con un dedo.

 

En cuanto al acceso a internet la solución debería estar enfocada a erradicar las prácticas monopólicas y promover la competencia de los proveedores. El gobierno federal debería estar promoviendo medidas legislativas, tanto económicas como regulatorias, que impulsen un crecimiento tecnológico. De esa manera todos podríamos tener acceso a mejores tarifas y servicios de calidad, eliminando la famosa brecha digital.

 

Dichas medidas requirieren de negociación, de colaboración política y sobre todo de tiempo. Es por ello que la alternativa resulta atractiva. Una medida que nadie podría negar que tiene buenas intenciones. Pero en el fondo, al ser una “solución” de corto plazo, parece que la “brecha digital” no será efectivamente reducida como ha prometido el Primer Mandatario.

 

Es importante que en vísperas de las elecciones presidenciales, veamos más allá de los programas propuestos por nuestros servidores públicos en funciones. Tengamos una visión crítica para entender que el contar con un crédito inmediato no necesariamente es la mejor solución al problema. Resulta positivo buscar disminuir la brecha digital, sin embargo es importante que, como ciudadanos, exijamos a nuestros gobernantes que no nos den pan y circo, sino soluciones estructurales que generen cambios reales en un largo plazo.

 

* Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública egresada de la Universidad Iberoamericana. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. sofiard@me.com