La fracción panista en la Cámara de Diputados exigió a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) que presente denuncias penales contra los diputados locales que aprobaron el refinanciamiento de la deuda contraída en la pasada administración estatal.
Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) también pidieron a esa instancia que acate el resolutivo del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información y difunda y entregue la documentación sobre la Deuda Pública 2010 de la entidad.
Afirmaron que en el gobierno que encabezó Humberto Moreira, luego nombrado presidente nacional del PRI, “Coahuila fue víctima de uno de los más grandes endeudamientos que ha tenido esa entidad federativa”, y más de 36 mil millones de pesos forman parte de esa mega deuda.
El partido albiazul, aseguraron, “ha demostrado que los integrantes de la anterior Legislatura local aprobaron un dictamen en el que gran parte de los recursos provenían de créditos obtenidos a través de documentos falsos”.
“Ahora sabemos que Javier Villarreal Hernández, ex tesorero en el gobierno de Moreira, realizó labores ilícitas con dinero de la deuda y varios de sus familiares presentan enriquecimiento inexplicable en sus propiedades, las cuales suman millonarias fortunas”, expusieron.
El 31 de octubre de 2011 “la prensa nacional presentó a la ASEC una solicitud de información sobre la Cuenta Pública 2010 de esa entidad” y la respuesta fue que los documentos estaban clasificados como reservados por ocho años, comentaron.
Los diputados del PAN recordaron que el 10 de abril el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) resolvió que al concluir la fiscalización de la Cuenta Pública 2010, quedaron sin efectos las reservas, por lo que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila debe entregar la información solicitada.
La ASEC presentó el 27 de abril ante el Tribunal Superior de Justicia del estado una controversia constitucional contra la citada resolución y solicitó la suspensión del fallo del instituto de acceso a la información local, subrayaron.
“Esta actitud de la ASEC es una evidencia no sólo del sometimiento a los dictados del priismo por parte de una institución autónoma, también muestra que es “parte de esa red de delincuencia organizada” por Moreira Valdés “desde las estructuras mismas del gobierno local”, advirtieron.