Uno de los principales problemas de la justicia acusatoria es que los medios de comunicación dan a conocer los asuntos judiciales y prejuzgan sobre la inocencia o culpabilidad del imputado, lo que representa una presión para las autoridades judiciales que a veces trasciende sus determinaciones.
Así se señala en el diagnóstico de justicia y seguridad elaborado por la Fundación Colosio del PRI, donde se hacen fuertes críticas a los dos sistemas que existen actualmente, el acusatorio y el inquisitivo.
El sistema acusatorio, que se aprobó en 2008 y tiene que estar en vigor en 2016 tiene, de acuerdo con el estudio priista, diversos problemas además el publicitario ya que hay una deficiente capacitación de las nuevas generaciones de jueces principalmente de control, lo que fomenta que el ministerio público siga siendo el rector en el proceso.
Además, los jueces de juicio oral no han logrado transitar al sistema de valoración libre y lógica y desaprueban los periciales y testimoniales, siguen abusando de la prisión preventiva y no cuentan con mecanismos eficaces para hacer efectiva la reparación del daño.
Otro de los grandes problemas que considera el diagnóstico es la creación mediante decreto presidencial del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, que de acuerdo con la ley, está presidido por el secretario de Gobernación, con lo cual supedita a los demás poderes a esta instancia.
Se explica en el documento que este Consejo no ha dado los resultados deseados y por ello no ha habido acciones para implementar el sistema acusatorio en todo el país, pues además no hay un nuevo Código de Procedimientos Penales.
También se hacen críticas a la falta de liderazgo del Consejo, lo cual da como consecuencia errores en la implementación del sistema acusatorio en los estados que ya cuentan con este instrumento.
De Durango, se señala que el Código Procesal Penal establece como un riesgo a la comunidad el supuesto en el que el imputado haya optado por algún mecanismo alternativo o la suspensión del proceso a prueba, lo que paradójicamente criminaliza a quien acude a ellas, haciendo no recomendables las salidas alternas, afectando una figura clave del sistema e impidiendo la despresurización del mismo.
En Nuevo León, se señala que preocupan algunas hipótesis del Código Procesal Penal que establecen como un supuesto de detención en flagrancia cuando una persona es perseguida material e inmediatamente después de haber cometido el delito, siempre y cuando no haya transcurrido un plazo de 60 horas, desde la comisión de los hechos delictuosos. Esto desvirtúa la definición constitucional y retoma la flagrancia equiparada.
Y en Chihuahua se establece en el Código de Procedimiento Penales establece como un supuesto para la procedencia de la prisión preventiva, que el imputado tenga antecedentes penales o policiacos, excediendo los supuestos constitucionales que se refieren a la necesidad de cautela, y violando la presunción de inocencia.
El único estado que ya cuenta con este sistema y al que no se le hace ninguna crítica es el Estado de México.
Hoy la fundación priista discutirá los temas sobre la seguridad y justicia en donde participarán 500 expertos en el tema.
En las seis mesas que se instalarán de manera simultánea en San Luis Potosí participarán, entre otros, Alfonso Zárate, María Elena Morera, Ana María Salazar Rafael Heredia y David Garay Maldonado.