El crimen organizado y la tala clandestina en Chihuahua, Durango, Guerrero y Michoacán representan una amenaza para las empresas comunitarias que desarrollan proyectos de conservación de áreas naturales. Esto y la falta de derechos agrarios definidos son los “ingredientes de un coctel molotov”, advirtió Leticia Merino, del Investigaciones Sociales de la UNAM.
“En Durango había experiencias exitosas de manejo que han tenido que suspenderse por la presencia del narcotráfico, lo mismo que en los otros estados”, dijo la investigadora, quien se refirió además al caso de Cherán, Michoacán, donde perdieron la vida ocho personas en abril pasado después de un enfrentamiento con talamontes vinculados con el crimen organizado.
Al señalar que más de 70% de la propiedad rural en México está en manos de comunidades indígenas rurales o ejidos (propiedades comunales), destacó que es necesaria la articulación e intervención de políticas públicas.
“El incremento de la violencia, junto con la migración y las políticas públicas anti campesinas y anti comunitarias, son factores que hacen sinergia y que representan presiones tremendas para las comunidades y las áreas forestales”, dijo la investigadora en conferencia de prensa.
Al respecto, la premio Nobel de Economía 2009 -y primera mujer en recibir el reconocimiento-, Elinor Ostrom, subrayó que no existe una receta para eliminar los problemas que aquejan a estas comunidades. Sin embargo, el trabajo debe ser “policéntrico”.
Esto significa que debe haber participación de la comunidad local –que es la interesada en preservar sus áreas naturales-, pero también del gobierno con políticas públicas que permitan un trabajo conjunto.
Elinor Ostrom obtuvo el Nobel por sus trabajos en los que plantea cómo los recursos comunes -bosques, pesquerías, etc.- pueden ser manejados de manera exitosa por las personas que los usan, más que por los gobiernos o compañías privadas.
David Kaimowitz, director de Desarrollo Sustentable de la Fundación Ford, señaló a los estados con mayor migración al país vecino como un fuerte imán para el crimen organizado, que se apodera de las zonas que quedan abandonadas.
“Zacatecas, Michoacán, Jalisco son zonas de migración vieja y tienen problemas de seguridad serios. Pero estamos viendo que cuando empieza la migración en otros estados como Veracruz, Chiapas o Oaxaca empiezan a presentarse problemas parecidos también”, aseguró.
Kaimowitz agregó que debido a la migración pueden ocurrir dos cosas: se logra la reforestación de las zonas agrícolas abandonadas o se permite que el crimen organizado ingrese a las zonas naturales protegidas porque la comunidad pierde el interés por cuidarlas y no quiere enfrentarse a estos grupos.
Además de esto, las empresas comunitarias que quedan enfrentan otros problemas como el cambio climático, incendios provocados, plagas, uso de suelo para ganado, desinterés de los jóvenes por cuidar las áreas, desintegración y envejecimiento de los cuidadores más activos.