En México, 65 millones de personas, aproximadamente el 60% del total de la población, cuentan con una cobertura de protección social baja o nula, que los ubica en una situación compleja frente a una emergencia.

 

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, resulta una grave problemática el no contar con un buen sistema de seguridad social y salud laboral en el país.

 

La falta de dicha protección, coloca a los trabajadores en la desprotección, lo que pone en peligro su vida e integridad, y contraviene este concepto como derecho humano incondicional, coincidieron académicos del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.

 

De acuerdo con un informe de la Máxima Casa de Estudios; México comparte los últimos lugares en América Latina en cobertura de seguridad social, con menos del 50% de su población protegida, arriba de Colombia, que cuenta con un 35%; por debajo está Haití y países centroamericanos, con menos del 20%.

 

Por el otro lado, los 18 millones de empleados que cotizan al IMSS, ISSSTE, ISSFAM, así como los afiliados a los programas de seguridad social de PEMEX, CFE, banca de desarrollo, servicios estatales de trabajadores de estados y municipios, por ejemplo, gozan de una cobertura amplia que les otorga más elementos de defensa.

 

El dilema de la magra expansión en la Población Económicamente Activa (PEA) tiene su origen en la calidad y cantidad de los empleos generados, explicó Berenice Ramírez, académica de la IIEc .

 

El 52% de los hogares mexicanos está en situación de extrema pobreza; si se suma que el envejecimiento demográfico del país avanza con rapidez y la seguridad social no es suficiente, los niveles de miseria se agravan.

 

“Es malo no comer, pero también es malo no atender la salud”, comentaron los expertos.

 

En una colectividad, la seguridad social y salud en el trabajo son importantes, parte del sostén de la cohesión social; sin embargo, si bien México pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 56% de los ocupados sobrevive con cinco mil 600 pesos como salario mensual.

 

“El Estado debe hacer su tarea y no dejar todo al libre mercado porque éste lo que busca es la rentabilidad y como resultado se tendrá una diferenciación en los servicios de salud y se polarizará aún más a la sociedad”, señaló Ramírez.

 

Los gobiernos mexicanos han desatendido lo estipulado en el artículo 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, sin ser vinculatorio, convoca a la expansión de la seguridad social, y señala la obligación de las autoridades de vigilar qué empresas y contratantes de empleo otorguen servicios integrales.

 

Como propuesta de solución, los académicos de la UNAM plantean la necesidad de una reforma constitucional en materia de salud, puesto que las que se han aprobado han debilitado a los institutos y provocado el decremento de la cobertura.

 

La sociedad debe exigir a los gobernantes que cumplan los acuerdos laborales firmados ante instancias internacionales, que buscan la protección y bienestar de los trabajadores, aunque “la seguridad social vivirá todavía de 10 a 20 años de crisis antes de registrar un repunte”.