La Procuraduría General de la República (PGR) investigará los presuntos sobornos que pagaron directivos de la compañía Wal Mart de México para facilitar su expansión en el país, si se corrobora que hubo funcionarios federales involucrados y se presenta la denuncia correspondiente.
Autoridades de la dependencia federal confirmaron a este diario que de momento no se encuentra abierta ninguna indagatoria relacionada con estos hechos, por lo que habrá que esperar al análisis que lleve tanto el gobierno federal como la propia compañía involucrada para verificar que exista la competencia necesaria.
El caso se dio a conocer el fin de semana a través de un reportaje del periódico The New York Times, en el que se reveló que en el 2005, un ex ejecutivo de Wal-Mart de México, Sergio Cicero Zapata, advirtió a la matriz estadunidense que funcionarios de la compañía habían pagado más de 24 millones de dólares en sobornos a autoridades mexicanas para facilitar la construcción de sucursales.
La empresa llevó a cabo una indagatoria interna en la que presuntamente se corroboraron los actos de soborno sin embargo, no se informó de ello a las autoridades estadunidenses ni mexicanas, por lo que el caso quedó impune.
Tras la verificación de sus archivos, la PGR corroboró que no recibió denuncia alguna en los últimos cinco años relacionados con estos hechos, por lo que no se inició ninguna indagatoria de tipo penal a nivel federal.
Ahora, con la difusión pública de esta información, la PGR explicó que podría iniciarse la averiguación previa correspondiente a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales que encabeza Irving Barrios, siempre y cuando haya la presunción de que hay servidores públicos federales involucrados.
La denuncia en cuestión, podría ser presentada ante el Ministerio Público Federal tanto por la misma compañía involucrada (Wal-Mart de México), o por el Gobierno Federal, ya sea a través de la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de la Función Pública.
La titular de la PGR, Marisela Morales, confirmó ayer en una entrevista en la Residencia Oficial de los Pinos, que el caso aun no es de competencia de la PGR, pero dijo que de haber los elementos necesarios, su dependencia iniciaría la indagatoria correspondiente.
“Es un caso que aun no tenemos, pero si en algún momento dado es competencia nuestra, por supuesto que vamos a actuar y vamos a requerir toda la información que sea necesaria”, puntualizó.
No se trataría del primer caso que la PGR investiga a partir de información que se da a conocer en los Estados Unidos relacionada con violaciones a las leyes anti soborno de ese país, y en donde s even involucrados funcionarios mexicanos.
Como ejemplo figura el caso de los pagos que realizó la compañía ABB Network Management a la CFE para ganar contratos de servicios, asunto por el cual ya se encuentra procesado el ex director operativo de la paraestatal Nestor Moreno; o la indagatoria de la empresa BizJet International que pagó sobornos a gente del Estado Mayor y de la Policía Federal para contratos de mantenimiento de aeronaves.
La diferencia de esos casos con el de Wal-Mart, es que había claridad respecto al involucramiento de servidores públicos federales desde un inicio.
Abanico delictivo
Tanto el Código Penal Federal como la mayoría de los códigos penales locales establecen distintas figuras delictivas que permiten sancionar a los servidores públicos que reciben dádivas en efectivo o especie para el otorgamiento de recursos gubernamentales.
Los delitos establecidos para este tipo de conductas son principalmente el cohecho, el peculado, la asociación delictuosa o el enriquecimiento ilícito.
La mayoría de estos ilícitos y dependiendo el código penal, comprende penas privativas de libertad de 10 a 14 años como máximo, pero además la inhabilitación del servicio público del involucrado, ya sea temporal o de forma definitiva.