En el marco de la investigación por los presuntos sobornos que pagó a funcionarios mexicanos la compañía Wal-Mart, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó información a dependencias federales y a todos los gobiernos estatales, sobre las autorizaciones que se otorgaron a la trasnacional para la instalación de sus tiendas.
Autoridades de la PGR informaron a este diario que del cruce de estos datos y del reporte que envió Estados Unidos sobre la investigación iniciada allá por violaciones a la ley contra sobornos, se definirá en que nivel de gobierno se ubican las potenciales responsabilidades y en consecuencia, las instancias responsables de llevar a cabo las investigaciones.
Hasta el momento la dependencia que encabeza Marisela Morales mantiene abierta sólo el acta circunstanciada AC/PGR/UEIDCFP/MP-043/2012 a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), que no le permite proceder penalmente en contra de nadie, pero si solicitar toda la información que considere de utilidad.
En este contexto, la PGR requirió en primera instancia al gobierno de Estados Unidos un reporte oficial sobre la investigación relacionada con las supuestas dádivas que Walt-Mart de México pagó entre el 2000 y el 2005 a funcionarios mexicanos, para agilizar la puesta en marcha de sus sucursales en diversos estados del país.
El caso fue dado a conocer por el periódico estadunidense The New York Times, el cual se sustentó principalmente en las declaraciones de Sergio Cicero Zapata, un ex ejecutivo de la división mexicana de la compañía.
El pasado lunes la Comisión de Valores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos envió un reporte electrónico a la PGR con los avances de la indagatoria iniciada por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés), así como un dossier con los datos que la propia compañía proporcionó.
El paso siguiente de la PGR, explicaron las autoridades consultadas, fue solicitar a dependencias federales, y en específico a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), un informe respecto a los trámites o permisos relacionados con Wal-Mart en el referido periodo.
De interés particular para la PGR, son los permisos de impacto ambiental que tramitó la compañía trasnacional, así como los reportes fiscales y contables para identificar el movimiento del capital destinado a los supuestos sobornos, los cuales se calculan por encima de los 24 millones de dólares.
La Procuraduría también solicitó a los gobiernos estatales información relacionada con la apertura de las sucursales de Wal-Mart, y la tramitología que se llevo a cabo.
Una vez que se recabe la información completa se realizará un cruce de datos que permitirá a la Subprocuraduría delinear el sentido de las posibles competencias y responsabilidades, las cuales podrían ser del fuero común o federal.
En el caso de que se determine la competencia local se enviarán los datos a la Procuraduría que corresponda para que proceda en consecuencia. Si se define una responsabilidad federal, será la Unidad Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos de la SIEDF, la que se hará cargo de las pesquisas.
En la PGR indicaron que se tomará “el tiempo que sea necesario” para la revisión documental relacionada con este caso, por lo que no se ha establecido una fecha límite para que se conozca de una determinación.
Una ausencia que se nota en México Unido
México Unido contra la Delincuencia (MUCD) mantendrá como su secretario general y vocero a Juan Francisco Torres Landa, quien fungió como abogado de la compañía Wal-Mart en el 2005, y tuvo conocimiento de los sobornos que pagaron directivos de la compañía a funcionarios mexicanos.
La Presidenta de MUCD Josefina Ricaño Nava dijo en entrevista que no se piensa separar de la organización al abogado, aunque fue notoria su ausencia en el evento realizado ayer y en el que se dio a conocer una evaluación de las agencias del Ministerio Público capitalino.
“No acudió este evento porque esta de viaje, tiene un familiar enfermo, pero no hay ningún problema con él (..) por supuesto que seguirá siendo vocero porque lleva muchos años en México Unido y no tenemos ningún problema con él, es una persona muy capaz, positiva y comprometida”, dijo Ricaño.
En una carta enviada hace unos días a 24 HORAS, Torres Landa declinó hacer comentarios en torno a su participación con la compañía Wal-Mart y su conocimiento de los sobornos que se pagaron, aludiendo el “secreto profesional”.