Organizaciones de la sociedad civil exhortaron a la Junta de Coordinación Política (Jucopol)  de la Cámara de Diputados a aprobar la iniciativa para incluir a cinco consejeros ciudadanos como miembros permanentes y con voz en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la cual fue entregada desde septiembre de 2011.

 

México SOS, el Centro de Colaboración Cívica, Fundar, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), la Red de Especialistas en Seguridad Pública, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) y el Observatorio Juarense urgieron a los legisladores a suscribir un acuerdo político para priorizar el desahogo de dicha propuesta esta misma semana.

 

El exhorto se entregó ayer por escrito en las oficinas de la Jucopol y las organizaciones esperan que este martes pueda haber una respuesta positiva a su llamado.

 

La iniciativa tiene como objetivo colocar en el centro de la agenda de seguridad la transparencia, la rendición de cuentas y la corresponsabilidad ciudadana.

 

Con lo anterior, subrayaron, se asegurará una voz ciudadana, permanente y autónoma, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que enriquezca el debate público sobre la problemática.

 

Además, se promovería la transparencia y la rendición de cuentas en materia de seguridad pública, en los tres niveles de gobierno y permitiría que los ciudadanos cuenten con información imparcial y estratégica para evaluar el cumplimiento de las grandes metas de la política pública en materia de seguridad.

 

Finalmente, la iniciativa contribuiría a la construcción de una política de Estado en materia de seguridad ciudadana, que permita enfrentar la actual crisis de violencia en forma efectiva y con pleno respeto a los derechos humanos.

 

“Se trata de una iniciativa de bajo impacto presupuestal pero alto impacto en la política de seguridad por los posibles efectos multiplicadores que podría tener la participación institucionalizada de ciudadanos en el Consejo”, afirmó Ernesto López Portillo, director ejecutivo de Insyde.

 

Por su parte, Leticia Ramírez, de México Evalúa, sostuvo que la ciudadanía requiere contar información confiable, comparable, oportuna y relevante para tomar mejores decisiones y estar en mejor posición para dar seguimiento y evaluar las políticas públicas en materia de seguridad.

 

“En los últimos años se han observado esfuerzos por parte de las autoridades para mejorar y transparentar información estadística en torno al fenómeno delictivo. Sin embargo, los ciudadanos aún no contamos con información oportuna y consistente en esta materia”, dijo.

 

Ayer, 24 HORAS publicó que a dos semanas de que concluya la LXI Legislatura, senadores y diputados tienen pendiente por lo menos cuatro leyes en materia de seguridad, propuestas por el Ejecutivo federal: la Ley de Seguridad Nacional, la Ley contra el Lavado de Dinero, las reformas al Código de Procedimientos Penales y los cambios en relación a Cadenas Delictivas.