El proceso de integración europea enfrentó muchos desafíos, entre otros, las considerables diferencias en la participación directa del Estado en la economía que existían en la región.

 

Si bien los países deseaban integrar sus mercados y obtener los beneficios de hacerlo, algunos gobiernos eran propietarios de un gran número de empresas, mientras en otros la intervención estatal era mucho menor. Acomodar esta diferencia resultaba trascendental dada la decisión de algunas naciones de mantener dicha propiedad y que las empresas operaban en sectores que, por su impacto en la competitividad, eran clave para la economía.

 

Esto llevó a la OCDE a analizar las condiciones que permiten la mejor administración y funcionamiento eficiente de las empresas gubernamentales, separándola de la discusión sobre su propiedad.

 

Se buscaba que los gobiernos aceptasen que el buen gobierno de estas empresas no debe afectarse por su propiedad o la existencia de políticas públicas que las atañen. Estas últimas no deben implicar incentivos perversos e ineficiencias en su operación. Así, se definieron algunas condiciones que permiten que se puedan dar las decisiones que buscan la eficiencia de la empresa.

 

Por un lado, el gobierno no debe intervenir en la definición de la visión estratégica de negocios, la supervisión y la aprobación de la gestión de la empresa, responsabilidad del Consejo de Administración, ni en la operación de la misma, responsabilidad de la Dirección General.

 

Para lograrlo se deben crear instituciones que alejen a los actores políticos de quienes son los responsables de las decisiones relevantes de la empresa y su ejecución; esto es, quienes forman el Consejo de Administración y el grupo directivo de la empresa. Se debe crear una “institución encargada de manejar estos activos de la sociedad”, responsable de la toma de decisiones a nombre del “propietario”, con un mandato claro respecto del manejo del patrimonio y creación de valor de las empresas asignadas a su cargo.

 

Por otro lado, el mandato señalado deberá ser ejercido con la condición, sine qua non, de que toda “política pública” que involucre y afecte a la empresa (sus costos, sus precios o su producción) tendrá que ser pública y transparente; es decir, deberá ser difundida, explícita y financiada por el presupuesto gubernamental.

 

Con estas dos definiciones claras, la experiencia internacional ha demostrado que las empresas gubernamentales pueden lograr éxito y los mejores estándares de eficiencia.

 

Sin embargo, la claridad del gobierno sobre los principios de operación en las nuevas circunstancias, sólo sienta las bases para iniciar el proceso de mejora de la operación de las empresas públicas. Para lograr su pleno desarrollo en las nuevas circunstancias de gobernabilidad muchos elementos tienen que variar en la conducción y desarrollo de las mismas, y en su relación con las distintas entidades gubernamentales.

 

En el manejo directo, el Consejo de Administración, en el ámbito de sus funciones, y la alta dirección, en las suyas, deben sentirse plenamente facultados y responsables de la conducción y resultados de la empresa, de forma tal que exista una plena identificación de los responsables de su éxito o fracaso.

 

Ambos niveles de gobierno corporativo deben contar con controles efectivos e independientes que les permitan evaluar su desempeño, controlar su operación y garantizar el logro de las metas establecidas y acordadas con la “institución propietaria”.

 

El gobierno corporativo actual de las paraestatales -con la intervención de secretarías en los Consejos de Administración, en las definiciones presupuestarias, de inversión, de precios, de producción, etc.- difícilmente permite una estructura que conduzca a que éstas operen con la eficiencia y productividad que se busca, ni con la transparencia y rendición de cuentas que esperamos los mexicanos.

 

 

* Economista del ITAM, con maestría en el Colegio de México y estudios de doctorado en la Universidad de Nueva York. Fue presidenta del SAT; embajadora de México en Gran Bretaña; directora de administración en Grupo Financiero Banorte y actualmente asesora del director general de Pemex. arm.almarosa@gmail.com