Alberto López Rosas, ex procurador de Guerrero, asevera no temer a ser encarcelado por la PGR por el caso Ayotzinapa. Afirma que en caso de que ingrese a un penal, buscará apoyo de organismos internacionales, pues se consideraría un preso político.

 

“Yo no tengo temores, yo no soy hombre de temores, yo asumo los riesgos y si la Federación quiere tenerme preso, pues seré un preso político, porque no he cometido delito alguno. He tenido que afrontar esto solo e inclusive separarme del cargo y si quieren encarcelarme, ni modo, ya buscaré organismos internacionales”, afirma en entrevista con 24 HORAS.

 

El 23 de marzo, un juez federal dictó auto de formal prisión contra López Rosas, por desviar, obstaculizar y encubrir la investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 12 de diciembre de 2011, donde perdieron la vida dos estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

 

“Yo he estado presentándome (ante el juez), estoy agotando los recursos jurídicos para demostrar mi inocencia. Yo soy respetuoso de la ley y voy a agotar el procedimiento”.

 

-¿Pero sigue amparado?, se le cuestiona.

 

-De eso no voy a hablar. Lo importante es que estoy enfrentando mi juicio y no me he ido del estado.

 

Además, apenas el 27 de marzo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, anunció 30 recomendaciones sobre el caso Ayotzinapa, dirigidas al gobierno y al Congreso de Guerrero, además del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. En ellas, la CNDH pide indemnización y atención a las víctimas, una disculpa institucional del estado de Guerrero y garantías para que no se repitan hechos similares.

 

Al respecto, el ex procurador guerrerense dice que esperará a que el gobernador Ángel Aguirre se pronuncie primero y después fijará una postura.

 

“Yo voy a esperar a que el gobernador emita una postura, porque algunas de estas recomendaciones son para el gobierno que él encabeza. Yo lamento que tengan que involucrarse a mas gente (en alusión al ex comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas). Mi intención es que se esclarezcan los hechos, pero si la CNDH así lo determinó, pues lo respeto”.

 

De momento, platica López Rosas, decidió retirar su registro por la candidatura para la presidencia municipal de Acapulco y dedicarse en cuerpo y alma a su defensa.

 

“Privilegié mi defensa que mi campaña, creo que distraerme con una campaña política no era bueno porque seguramente iba a descuidar mi defensa y ahorita estoy enfocado cien por ciento a esa tarea. Ya habrá tiempos mejores, espero”.

 

El ex funcionario sostiene que detrás de este asunto hay un móvil político para afectar su carrera política y la de otros perredistas del estado.

 

Conciencia tranquila

 

Aunque asegura dormir tranquilo, el ex procurador de Guerrero Alberto López Rosas admite que el caso Ayotzinapa ha sido una experiencia triste y traumática.

 

“Me deja una experiencia inesperadamente vivida, pero llega a ser hasta traumática ver una situación tan dolorosa, una sensación de injusticia, no solamente por la agresión contra los manifestantes, contra lo estudiantes, sino por la manipulación de la procuración de justicia que yo consideraba que había quedado superada en este país”.

 

“Me deja un sabor desagradable en cuanto al impacto en muchas familias en Guerrero por este suceso. Creo que es una historia triste que no debería seguirse escribiendo en este país. Tengo un cúmulo de experiencias, esta es una más, pero es quizás de las más desagradables, de las más tristes y de las que desearía que no se repitieran en el país”.

 

Acusa a la PGR y a la CNDH de “torcer” la justicia, y a Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de proteger a una corporación asesina (la Policía Federal).

 

“Yo lo responsabilizo de esta manipulación, de esta torcedura del derecho y lo responsabilizo por proteger a su corporación asesina. Pero más responsabilizo a quienes están a cargo de la procuración y de los derechos humanos en el país. Yo creo que uno de los principales valores en la sociedad y en los seres humanos es la justicia y veo lamentablemente como ha habido un concierto de voluntades para torcer la justicia”.

 

López Rosas califica como la mayor injusticia de la PGR desechar la versión de un testigo presencial, quien pudo haber observado a los asesinos materiales de los dos estudiantes.

 

“En los videos se observa resistencia del testigo, que está siendo rodeado de elementos de la Policía Federal y que al parecer le exigen la entrega de alguna evidencia que pudo haber recogido. Me parece que anular este testimonio es con la finalidad de ocultar a los presuntos autores materiales, como ha sido la tónica seguida desde el inicio de esta investigación”.

 

-¿Por qué la investigación de ustedes sumó 3 mil fojas y la de la PGR más de 33 mil?

-Una investigación no se mide por el número de fojas, se mide por la certeza de cada foja. Y me parece que pueden ser 50 mil fojas si no se ajustan a la verdad. Me parece que no es por cantidad sino por calidad. Lo que les ha faltado es calidad. Creo que lo que se hizo en su momento en la Procuraduría estatal fue precisamente darle consistencia a una investigación que después la PGR contaminó y mal informó, por eso es más la cantidad que la calidad.

 

El ex procurador de Guerrero sostiene que la PGR busca la justicia en la casa ajena. “Yo creo que la PGR no tiene autoridad jurídica para hacer esas valoraciones, los casos Hank Rohn y el Michoacanazo me parece que no la dejan muy bien plantada. Me parece que es la intención de desviar una investigación y recurrir a los argumentos más escandalosos para confundir a la población”.

 

Lo que ocurrió

 

El 12 de diciembre de 2011, un violento desalojo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, sobre la autopista del Sol, en Chilpancingo, Guerrero, provocó la muerte de dos estudiantes y la de un trabajador de una gasolinería.

 

El 23 de marzo, un juez dictó auto de formal prisión contra el ex procurador de Guerrero, Alberto López Rosas, por desviar, obstaculizar y encubrir la investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 12 de diciembre de 2011, donde perdieron la vida dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
También se dictó auto de formal prisión contra Alejandro Hernández Paz y Puente, Gloria Rocío Cruz Méndez, María Severiana Peña Flores, Magdalena de Jesús Cruz, José Vélez Zapata y César de los Santos Mendoza, por delito contra la administración de la justicia.
El 27 de marzo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 30 recomendaciones: 13 de manera conjunta al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y al gobernador constitucional del estado de Guerrero; cuatro al secretario de Seguridad Pública federal y 11 al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y dos al presidente de la Mesa Directiva de la 59 legislatura del congreso del estado de Guerrero.

 

El organismo sostuvo que la responsabilidad por la violación a los derechos humanos que costaron la vida a dos estudiantes recae en los dos policías ministeriales que ya están siendo procesados y sostiene que la autoría fue responsabilidad del ex procurador general de Justicia y del director general de la policía ministerial, ambos del estado de Guerrero.