¿Existen las condiciones para alcanzar la meta impuesta por la reforma constitucional que establece la preparatoria obligatoria en el país? La respuesta parece ser negativa, sobre todo después de analizar los problemas de información en infraestructura educativa que se tienen en este nivel y que se destacan en el Informe de la Cuenta Pública 2010 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

 

 

Si no se dispone de información confiable acerca de cómo se ejercen los recursos con los que cuenta la educación media superior, será imposible que se puedan diseñar estrategias adecuadas y eficaces que garanticen el cumplimiento de la reforma constitucional en mención, por lo que la entrada en vigor de la obligatoriedad del bachillerato será simplemente una declaración de buenas intenciones por parte del Estado Mexicano.

 

 

Es por eso que la ASF estimó que según la tendencia poblacional proyectada por el Consejo Nacional de Población, y el número de acciones de construcción y equipamiento de aulas en los planteles escolares del país realizadas por la SEP en el periodo 2008-2010, el sistema educativo nacional solo alcanzaría hasta el 2043 una matrícula del 100% del total de jóvenes en edad de cursar la educación media superior. Esto evidentemente significaría un atraso de 22 años respecto de lo establecido en la reforma a los artículos 3 y 31 de la Carta Magna, de lograr la cobertura a más tardar en el ciclo 2021-2022.

 

¿DE QUÉ SE ADOLECE EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA?

 

El Informe de la Cuenta Pública 2010 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)destaca las dificultades de gestión del programa “Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior”, administrado por la Secretaría de Educación Pública (SEP):

 

Problemas para medir los resultados del programa: la SEP no acreditó a la ASF los valores estándar sobre el costo promedio de la construcción, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física en educación media superior.

 

Problemas para la distribución de los recursos: en 28 Estados la asignación de recursos no se ajustó a la prioridad determinada mediante el índice de distribución estatal utilizado.

 

Problemas para monitorear los proyectos: la SEP apoyó proyectos de infraestructura física para 976 escuelas en 31 entidades federativas, de las cuales se acreditó con expedientes 453 escuelas.

 

Problemas de cobertura: el programa tuvo una cobertura del 23% en el ámbito nacional, al atender a 2,310 de las 10,026 escuelas en las que se prestó la educación media superior.

 

Problemas de planeación: la SEP no contó con el diagnóstico de la infraestructura física que sirviera de base para formular un plan de trabajo, con el fin de ampliar y modernizar la infraestructura de los planteles escolares.

 

Problemas de priorización: la ASF no contó con los elementos necesarios para constatar que la SEP seleccionó como beneficiarios del programa a aquellos planteles escolares con las necesidades más apremiantes.

 

paulo.cantillo@contorno.org.mx,

@pcantillog

Maestro en Políticas Públicas egresado del CIDE, Coordinador del área de investigación y análisis en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. 

 

 

 

FUENTE:

Auditoría Superior de la Federación (2012). Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010; México.