El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley de Geolocalización, la cual consiste en la prohibición satelital del uso de celulares en centros penitenciarios. El dictamen tiene como objetivo el fortalecimiento de las herramientas de las autoridades en el combate a los actos delictivos como la extorsión y el secuestro entre otros, orquestados desde el interior de los penales.

 

El dictamen fue aprobado con 315 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones, y fue turnado al Ejecutivo para su publicación.

 

De igual forma se prevé que todos los establecimientos penitenciarios, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación, cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos y/o imagen dentro del perímetro de los mismos.

 

 

 

En tribuna, legisladores del PRI, PAN y PRD justificaron que la tardanza se debió a que el dictamen se envió a las comisiones de Justicia, Seguridad Pública y Comunicaciones, lo que llevó a que ayer el dirigente de la organización México SOS hiciera un reclamo durante su intervención en la sesión de Consejo Nacional de Seguridad Pública.

 

 

Diputados del Partido del Trabajo (PT) votaron en contra, con el argumento de la posible violación de derechos humanos debido a que las autoridades podrán pedir a concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicación el bloqueo de señales o la localización geográfica de dispositivos de comunicación que pudieran ser utilizados para la comisión de delitos.

 

 

Los legisladores avalaron reformas, adiciones y la derogación de diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

 

“Se busca establecer mecanismos legales que obliguen a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones a colaborar con el Ministerio Público o con las autoridades judiciales en la localización geográfica o geolocalización, en tiempo real, de las comunicaciones relacionadas con diversos ilícitos”, se explica en el dictamen. (Con información de Radio 13)