El plan para introducir ilegalmente a México al hijo del dictador libio Muammar Gadafi y a su familia, incluyó la adquisición o renta de por lo menos cinco propiedades en la Ciudad de México y Nayarit, y una inversión que fácilmente superó el millón de dólares.
El documento que resume la llamada Operación Huésped de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y del que 24 HORAS tiene copia, muestra el compendio de las viviendas que fueron cateadas y las pruebas recabadas desde noviembre del año pasado hasta la fecha.
Dicha indagatoria fue el sustento a través del cual la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo las órdenes de aprehensión en contra de la canadiense Cynthia Ann Vanier, el danés Pierre Christian Flensborg, y los mexicanos Gabriela Dávila Huerta y José Luis Kennedy Prieto.
Al hacer la explicación del caso, el titular de la SIEDO, José Cuitláhuac Salinas, indicó la investigación inició a partir de los correos firmados por el denominado “Anonymous Group”, que se recibieron entre el 7 y el 10 de noviembre.
En dichas misivas, se señalaba con nombre y apellido a las personas que fueron detenidas y a otra más que sigue prófuga, como miembros de un grupo dedicado al “tráfico de indocumentados y al terrorismo”, el cual pensaba traer a Saadi Gadafi, hijo del dictador, y a su familia, al país.
“Se trata de un correo anónimo o de varios correos anónimos que nos hicieron llegar con información en relación con los hechos. Nuestra obligación es indagar respecto de la información que nos es proporcionada a través de cualquier medio, que fue lo que se realizó y se demostró que parte de la información era verídica”, indicó el subprocurador.
Entre el 10 y 11 de noviembre, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) detuvieron a los cuatro implicados y obtuvieron las órdenes de arraigo correspondientes, que se prolongaron por casi 80 días.
En ese lapso, la PGR logró recopilar una tarjeta de elector, un acta de nacimiento y una licencia de conducir, todos con identidades y datos falsificados, pertenecientes a la canadiense Vanier.
También se identificaron y catearon cinco viviendas relacionadas con las personas detenidas, entre ellos tres domicilios en el Distrito Federal y dos en Nayarit.
En la capital del país, fue intervenida una vivienda en el número 4617 de la calle Norte 5, en la colonia Defensores de la República, en Gustavo A. Madero, y otra más en el número 21 de la calle Marmolería en la colonia 20 de Noviembre de la delegación Venustiano Carranza. Ambas propiedades estaban a nombre de los dos mexicanos detenidos.
El otro domicilio identificado en la capital fue el departamento 2205 del edificio ubicado en el número 439 de Paseo de la Reforma, el mismo donde se encuentra asentado el Hotel St. Regis.
Para la adquisición de este departamento se había pactado ya el pago de un millón 245 mil dólares. Según las investigaciones, se pretendía esconder a la familia Gadafi en esa propiedad ya con identidades falsas, en cuanto llegara al país.
En Nayarit fueron cateados un domicilio a nombre de la canadiense Cynthia Vanier, ubicado en el número 32 de la calle Carmen Serdán, municipio de Bahía de Banderas, y una propiedad en la calle de Albatros, Poblado de Cruz de Huanacaxtle, en donde se instalaría de forma definitiva a los Gadafi.
De acuerdo con el resumen de la indagatoria, por el domicilio de Albatros el grupo delictivo había pagado un anticipo de 57 mil dólares.
También, de acuerdo con el documento oficial, se identificó en la Notaría Número 2 de Bucerías, Nayarit, un expediente para constituir un fideicomiso a nombre de los iniciados, sin que se precisara el monto económico que ahí se contemplaba.
E-mails intervenidos
Salinas explicó que además fueron intervenidas las cuentas de correo electrónico de Vanier y de Dávila Huerta, y se identificaron las misivas donde se indicaban los nombres falsos con los cuales tenían que tramitárseles documentos en México a Saadi Gadafi y sus familiares, e incluso se ubicó un archivo con la imagen del pasaporte del hijo del dictador.
“Nuestra investigación nos llevó a la conclusión de que el plan de estas personas era rentar vuelos que partieran de la Ciudad de México con destino a Kosovo, y de ahí trasladarse a Túnez, para finalmente internarse a Libia y completar lo que ellos llamaban la extracción de las personas”, subrayó.
De hecho, la PGR estableció que en julio del 2011, varios de los implicados realizaron el viaje con las mencionadas escalas, pero el plan se frustró pues los pilotos de la aeronave privada se negaron a traer consigo al hijo del dictador libio. Posteriormente, planearon un segundo vuelo que no se concretó, pues fueron detenidos en noviembre.
El subprocurador sostuvo que la averiguación previa relacionada con este asunto y que dio lugar a la llamada Operación Huésped de la SIEDO, no se encuentra cerrada, pues aún hay un sujeto que se encuentra prófugo, cuya identidad no fue revelada, y del que ya se giró orden de aprehensión.
Además, Salinas tampoco descartó las posibles responsabilidades de otras personas en el extranjero y principalmente en Canadá, por lo que advirtió que si es necesario solicitar órdenes de extradición, así se llevará a cabo.
Canadiense denuncia tortura
La canadiense Cynthia Vanier acusó al gobierno mexicano de tortura tras ser detenida por la supuesta conspiración para refugiar a Saadi Gadafi en un sitio turístico mexicano.
Entre las nueves denuncias por violación a los derechos humanos internacionales se encuentran las tortura, incomunicación y abuso policiaco, según publica CBS News.
Vanier, según informes del Cisen, supuestamente encabezó el plan para traer y ocultar al hijo del dictador Muammar Gadafi a México; fue contratada por una constructora canadiense para realizar un viaje a Libia, y evaluar las condiciones de los empleados y de los negocios de la compañía., según documenta el periódico National Post.
Sobre los presuntos maltratos y abusos que denunció durante el tiempo que estuvo arraigada, el titular de la SIEDO, José Cuitláhuac Salinas, desestimó los señalamientos y consideró que se trata de una estrategia de defensa.
“Cualquier persona detenida tratará de hacer uso de los medios que creen idóneos para su defensa, y dentro de éstos, poder denostar el trabajo que realizan las autoridades en la investigación de los delitos que los involucran”, subrayó Salinas.
El funcionario recordó que el protocolo de ingresos y egresos del Centro de Arraigos es muy específico, y en el mismo se incluyen exámenes médicos a través de los cuales puede verificarse las condiciones de salud de la canadiense y del resto de los involucrados durante el tiempo en que estuvieron arraigados.