MADRID. Los abogados que presentaron la querella contra Baltasar Garzón, por los cobros que recibió mientras impartió unos cursos en Nueva York, pedirán que el juez sea acusado de un delito de extorsión, castigado con penas de cárcel, en el recurso que presentarán contra el auto que da por concluida la instrucción.

 

Los letrados Antonio Panea y José Luis Mazón anunciaron ayer esta postura en respuesta al último comunicado en el que Garzón rechaza las acusaciones del instructor en el Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que le imputa un delito de cohecho impropio, y acusa al magistrado de construir “interpretación sesgada, parcial y no verdadera” y hacer afirmaciones “tan graves como inciertas”.

 

“Se coloca en una postura insostenible al negar la evidencia de sus solicitudes de patrocinios a grandes empresas, ex clientes o potenciales clientes de la Audiencia Nacional, que constan acreditadas en el proceso”, según los querellantes.

 

El juez español que se dio a conocer internacionalmente tras ordenar en 1998 la detención del ya fallecido exdictador chileno Augusto Pinochet, está siendo juzgado en el Alto Tribunal por un presunto delito de prevaricación, por declararse competente para juzgar los crímenes del franquismo.

 

Ya fue juzgado hace dos semanas en el Supremo por ordenar escuchas en un caso de corrupción y fue inculpado el pasado viernes de cohecho impropio por la misma corte.

Los dos abogados, que ejercen la acusación popular en la causa abierta al juez por el patrocinio por parte de cinco entidades de sus cursos en Nueva York durante 2005 y 2006, insisten en que Garzón solicitó dos millones 595 mil dólares y obtuvo por sus gestiones un millón 237 mil dólares.

 

A juicio de los querellantes, Garzón uso su cargo para pedir fondos a grandes empresas, con lo que incurrió en una conducta penalmente prohibida y no sólo a título de cohecho.

 

En su comunicado, califican dicha conducta de “incompatible con la deontología y obligaciones de un juez y hasta de un ciudadano, por picaresca ocultación de su segundo sueldo”.

Asimismo, anuncian que en el recurso que presentarán contra el auto de Marchena para pedir que Garzón sea acusado también de prevaricación solicitarán además que se califiquen los hechos como un delito continuado de extorsión, que lleva aparejado penas de cárcel. EFE