En un afán de quedar bien con el tema de los derechos humanos, talón de Aquiles de su gobierno, el presidente Felipe Calderón ordenó el viernes pasado a la PGR y a las Fuerzas Armadas del país (Sedena y Marina) que “transfieran” o “declinen” los juicios militares que tengan en curso contra elementos castrenses que hayan cometido abusos contra población civil para que esos militares sean juzgados por jueces civiles.

 

El anuncio, aplaudido por los defensores y activistas, justo en el acto en Los Pinos donde entregó el Premio Nacional de Derecho Humanos 2011, cayó pesado como una bomba entre los sectores castrenses, a los que el presidente pidió públicamente declinar el fuero militar y permitir que sus integrantes sean juzgados por la justicia civil.

 

Calderón ordenó, de facto, a los propios militares y a la PGR la reforma que su gobierno no quiso o no pudo operar en el Congreso para modificar el llamado fuero militar o fuero de guerra, que se contenía en la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional que se encuentra en la “congeladora” legislativa ante la falta de acuerdos entre las fracciones parlamentarias.

 

Amén de la molestia que el tema pudo causar en las Fuerzas Armadas, donde afirman que el fuero militar es la columna de su sistema de disciplina castrense, el presidente puso, literalmente, a parir chayotes a los abogados tanto de PGR como de Sedena y Marina, a los que pidió algo que legalmente parece imposible.

 

La figura de la “declinación” o la “transferencia” de la competencia de casos del fuero militar al fuero civil no es algo que pueda ordenar el presidente. Primero porque invade atribuciones del Poder Judicial, y segundo porque constitucional y jurídicamente no existe tal “declinación”.

 

Es decir que tal vez los abogados de la procuraduría, junto con los de Defensa y Marina se verán obligados a decirle al presidente que su ofrecimiento grandilocuente, que buscó congraciarse con los organismos de derechos humanos que tanto han cuestionado su guerra contra el crimen por los abusos y excesos, no es posible de realizar y que no puede llevarse a cabo.

 

Y el tema, inevitablemente, genera una tensión más entre los sectores castrenses y la Presidencia. Tensión que se suma la denuncia ante la Corte Penal Internacional, en la que es mencionado directamente el general Guillermo Galván, lo que incomodó entre los militares de alto rango, y también al tema de la Ley de Seguridad Nacional que no supieron operar políticamente ni el gobierno ni el PAN cuando era un asunto prioritario para las fuerzas armadas.

 

A final de cuentas, aunque los militares lo han seguido institucionalmente y con lealtad absoluta en su guerra contra el narcotráfico, tal parece que en Los Pinos no hay la misma correspondencia cuando se trata de respaldar a la institución castrense.

 

NOTAS INDISCRETAS… A Ángel Aguirre Rivero se le juntaron las facturas políticas con la torpeza y la mano dura que le caracteriza como político. Las traiciones y deslealtades que dejó pendientes cuando abandonó el PRI para ganar la gubernatura por el PRD hoy están saliendo a flote en forma de demandas de juicio por el asesinato de los dos jóvenes normalistas a manos de sus policías. No es la primera vez que Aguirre Rivero enfrenta una situación así, pues él llegó a la gubernatura, su primera vez, precisamente tras la caída de Rubén Figueroa por el asesinato de campesinos en Aguas Blancas en 1995. Así que Aguirre sabe bien que, o entrega las cabezas de los que ordenaron disparar a los estudiantes, sean del nivel que sean y los somete a juicio, o ésta vez podría ser él quien de paso a un gobernador sustituto… Los dados se lanzan. Escalera doble.