Los nombres de las organizaciones criminales ya no aparecen en muchos diarios ni se mencionan en los noticiarios de radio y televisión. Tampoco se publican en las primeras planas ni se redactan largos textos sobre los enfrentamientos entre grupos o los ataques contra las Fuerzas Armadas y policías, mucho menos se habla de la presencia de camionetas por las calles en las que transitan hombres armados.
 
Estos temas prácticamente están prohibidos en algunas ciudades de estados como Tamaulipas, Coahuila, Durango, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Baja California o Sonora.
 
En todas esas zonas se definen las planas de los periódicos sintiéndose los editores al filo de la navaja, buscando siempre publicar la información, como menciona Francisco Cuamea, jefe de información del periódico Noroeste de Mazatlán, pero siempre buscando la forma segura de hacerlo.
 
Periodistas de Veracruz, Sinaloa y Michoacán entrevistados, coinciden en que todos los días deben trabajar cuidándose, desde cómo se mueven en la calle ya sin ropa ni aditamentos que identifiquen el medio de comunicación para el que trabajan, cómo llegan a los lugares en los que ocurrieron balaceras, o bien dejaron muertos tirados en las calles, en camionetas o colgados.
 
Salen a las calles, relatan, desconfiando de funcionarios y hasta de compañeros, tratando de cuidarse entre los periodistas y fotógrafos amigos, y teniendo miedo de lo que hacen y cómo lo hacen.
 
“A veces se hace insoportable cada día, porque no sabes qué fibras tocas, de qué humor se levantan los de esos grupos o hasta los policías. Tienes que hacer lo que puedes cada día”, explica uno de los reporteros que viven en un municipio de Michoacán y que ya ha sido amenazado en dos ocasiones.
 
Los estados de Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas son los que concentran el mayor número de asesinatos y desapariciones de periodistas -68 en la actual administración del gobierno federal-, y prácticamente ninguno de los casos ha sido resuelto por las autoridades con los responsables detenidos y sentenciados. Así, la impunidad incrementa el riesgo para los comunicadores y sus medios, como lo han definido organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Artículo 19, o el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
 
Esas mismas organizaciones, junto con otras como la Fundación Knight, Periodistas de a Pie o Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), han llevado a cabo cursos de entrenamiento para periodistas, los cuales se han ido intensificando ante la necesidad de que los reporteros cuenten con un entrenamiento que pueda permitirles reducir los riesgos que enfrentan y generar, a mediano plazo, una cultura de seguridad.
 
Incluso los propios periodistas son quienes se han ido organizando en las diferentes regiones, tal es el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, con la Red de Periodistas de Juárez o en Sinaloa, con la Asociación de Periodistas 7 de junio y la Asociación Sinaloense de Comunicadoras, o en Durango, la Asociación de Periodistas y Profesionales de la Comunicación, entre muchas otras, que buscan entrenamiento para poder continuar informando pero disminuyendo los riesgos.
 
En el estado de Chihuahua se firmó un protocolo entre periodistas y el gobierno del estado; se trata de un documento que trata de establecer procedimientos para hacer más segura la cobertura informativa. Sin embargo, en la práctica, de acuerdo con los testimonios de los periodistas, ha sido insuficiente ante la explosión de la violencia que se vive en la zona.
 
La autocensura
 
Cuando los periodistas no pueden publicar de forma libre, la sociedad es quien pierde al no contar con información suficiente.
 
“Se siente una impotencia tan grande el no poder escribir sobre todo lo que pasa, los secuestros de personas, los ataques en carreteras, los muertos que desaparecen, los informes oficiales que mienten sobre cuántos muertos hubo en una balacera, sobre los grupos que te amenazan si sacas cualquier cosa que les moleste. Es como si todos los días renunciáramos un poco a ser periodistas porque tenemos que callar”, cuenta un reportero que trabaja en el norte del país, en un estado en el que los enfrentamientos con permanentes.
 
El periódico Noroeste de Sinaloa ha sufrido a lo largo de su historia distintos embates del crimen organizado y de los gobiernos estatales. El año pasado, le dispararon al edificio en Mazatlán e incluso los amenazaron con detonarlo si no publicaban una información y resistieron, este año colocaron una cabeza a las afueras de sus instalaciones y apenas el martes pasado uno de sus reporteros, Luis Peraza Ibarra, fue amenazado a través de un mensaje de texto que llegó a su celular, por lo que interpusieron una denuncia penal contra quien resulte responsable.
 
Lo ocurrido con el Noroeste es una historia que se repite en otros periódicos en ese mismo estado o en otros como Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sonora o Tabasco.
 
De acuerdo con las estadísticas de organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo y es también, a partir de los testimonios de reporteros en diferentes estados del país, en el que la ciudadanía menos información recibe sobre la violencia que le rodea, porque las amenazas se los impiden.
 
Hay reporteros que han renunciado a su trabajo, otros se han exiliado o se han cambiado de ciudad, algunos más se han quedado tratando de ejercer su profesión. Esto ocurre más notoriamente en los estados al norte del país. Hasta ahora ninguna autoridad ha resuelto por completo algún crimen o desaparición de alguno de los informadores que se ha registrado en los últimos 10 años.